La dirección de Ciudadanos quiere que los Estatutos que se aprueben en el congreso de febrero, que se empezará a debatir en el consejo general que tiene lugar hoy sábado en Barcelona, consideren como infracción muy grave la participación de un militante en corrientes de opinión contrarias “a los intereses del partido”, lo cual podría conllevar incluso la pérdida de la afiliación.

Así figura en el borrador de la ponencia de Estatutos, uno de los tres documentos que se han preparado para la IV Asamblea General (equivalente a congreso). La propuesta de la cúpula de Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, plantea un endurecimiento del régimen disciplinario y sancionador. Mientras que en los actuales Estatutos --aprobados en 2011 con dos modificaciones puntuales posteriores-- se enumeran diez motivos de infracción grave, ahora se pretende aumentar a 17.

Las correspondientes comisiones de trabajo han redactado tres ponencias para la actualización de los estatutos del partido, su ideario y su estrategia para los próximos cuatro años. Los documentos han sido remitidos a los miembros del Consejo General, que este sábado debatirán en Barcelona el contenido antes de votarlo y aprobarlo, y después las agrupaciones de afiliados estudiarán las ponencias y presentarán enmiendas.

AUMENTAN LAS VOCES CRÍTICAS

Si en el congreso de febrero se aprueba la propuesta de la Ejecutiva nacional, "la creación o participación en corrientes de opinión que sean contrarias a los intereses del partido en su conjunto" se entenderá como una falta muy grave.

La dirección de la formación naranja plantea este nuevo supuesto en un momento en el que empiezan a escucharse cada vez más voces críticas dentro del partido, tanto de afiliados de base como de cargos públicos, como la eurodiputada Carolina Punset, a medida que se acerca la celebración de la IV Asamblea General.

En las normas vigentes en C's, las infracciones muy graves pueden suponer desde la suspensión de afiliación durante un máximo de dos años hasta la expulsión. Pero ahora la Ejecutiva quiere castigos más severos: la condición de militante se perdería durante un periodo mínimo de dos años y la inhabilitación para cargo orgánico pasaría de durar un año a durar entre dos y cuatro años. Igualmente, en el borrador de la Ejecutiva se amplía la lista de faltas graves y se endurecen las sanciones para esa tipología y también para las infracciones leves.

Además, el documento indica que la sanción de expulsión del partido implicará, en todo caso, la pérdida de los cargos públicos dependientes del partido que ostentase el sancionado. Por último, se amplía el plazo que hay que esperar para que las infracciones prescriban.

GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Respecto a la estrategia política, el equipo de Rivera quiere abrir la puerta a formar parte de los gobiernos autonómicos a los que respalda en diferentes territorios, y así lo quiere plasmar en la ponencia sobre estrategia política que se debatirá en la asamblea de febrero.

"El trabajo de consolidación donde ya tenemos representación y de crecimiento donde no la tenemos, debe llevarnos a poder participar en gobiernos autonómicos. Para ello, es necesario que sigamos haciendo bien nuestro trabajo en los parlamentos autonómicos, que los ciudadanos perciban ese trabajo, que nuestros cargos se vayan fajando en su tarea diaria, y a la vez, vayan preparándose para asumir nuevas responsabilidades mientras nuestra organización se consolida en su expansión y estructura", dice el borrador de la ponencia, que deberá ser aprobada este sábado para someterse después a debate y enmiendas de las agrupaciones hasta la aprobación definitiva en la asamblea.