La Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Tribunal Supremo se reúne este miércoles para estudiar el expediente de recusación presentado por ocho de los procesados en la causa por rebelión en Catalunya contra el presidente del tribunal que les juzgará, Manuel Marchena, y el resto de miembros de este órgano, a los que acusan de falta de imparcialidad.
Así lo han confirmado fuentes del alto tribunal, que añaden que será este órgano el que decida en última instancia si aparta a los siete magistrados designados para juzgar este asunto, que son, además de Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.
El magistrado Vicente Magro, en funciones de instructor de este incidente procesal, remitió este martes el asunto a la Sala del 61 y denegó la práctica de las pruebas planteadas por los recusantes, aduciendo que "no son necesarias para la resolución del incidente".
Entre las pruebas solicitadas destacaba la declaración del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a quien se atribuye la autoría de unos mensajes que según el 'exvicepresident' Oriol Junqueras, los 'exconsellers' en prisión Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa de esta cámara Anna Simó evidenciarían la falta de imparcialidad de Marchena en este asunto.
La Sala del 61 la integran el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las cinco salas de este órgano y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
Mensajes de Cosidó
Las recusaciones se presentaron tras la revelación del contenido de un mensaje que el portavoz del PP en el Senado remitió a un grupo de chat de su grupo parlamentario afirmando que con la elección de éste como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitiría controlar "desde atrás" a la Sala que enjuiciará el caso por el 'procés' independentista en Catalunya.
El abogado de estos tres acusados, Jordi Pina, afirmaba en el incidente de recusación que de este wasap enviado a los senadores 'populares' y de varias noticias publicadas, se deduce que Marchena "habría prestado inicialmente su conformidad" al pacto alcanzado para el PP y PSOE para que fuese elegido como el próximo máximo representante del Poder Judicial".
"De ser cierto su contenido, pondría en clara evidencia la inequívoca coincidencia de intereses entre el señor magistrado y el Partido Popular, hasta el punto de haberse acordado su presidencia para que actuase como correa de transmisión de los designios de dicha formación política en el Consejo General del Poder Judicial y como medio de control en la sombra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", explicaba el escrito.
Por el contrario, la presentación de recusaciones fue calificada por Marchena en su escrito de alegaciones a este incidente procesal como "una estrategia defensiva" que obliga a ese tribunal a "razonar su distanciamiento respecto del objeto del proceso". En su caso, Marchena aduce que no puede aceptarlas y recuerda que el mensaje telemático sobre el que se sustentan procede de una tercera persona.
"La imparcialidad de un magistrado ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones -subrayaba Marchena en su escrito-. No puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias".
