La revuelta por la cesión del superávit municipal de los alcaldes de las principales ciudades y de la mayoría de los grupos de la oposición, incluidos los que han venido respaldando al Gobierno durante estos convulsos meses de legislatura, preocupa en la Moncloa. El Ejecutivo, que quiere hacer del diálogo territorial una de sus banderas, tiene ahora a los ayuntamientos en pie de guerra y se expone a una severa derrota parlamentaria cuando se tramite el polémico decreto, que señala que el Gobierno tomará prestados 14.000 millones de los remanentes municipales, pero devolverá esa cuantía durante la próxima década e inyectará 5.000 millones a los ayuntamientos a lo largo de este año y del que viene. Ante este escenario, que complica todavía más el horizonte político, Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que está dispuesto a hacer cambios.

"El Gobierno siempre va a estar dispuesto al diálogo. La voluntad de llegar a un acuerdo es con todas las instituciones y singularmente con los ayuntamientos. Mano tendida, vamos a seguir negociando con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios y garantizar la tramitación del decreto ley", ha dicho el jefe del Ejecutivo tras entrevistarse con Felipe VI en el palacio de Marivent (Palma de Mallorca), en su primera reunión oficial desde que se anunció la salida de España de Juan Carlos I, debido a las sospechas de corrupción.

El rey emérito, cuya escolta está pagada por el Estado, continúa en paradero desconocido, una situación que ha enturbiado toda esta operación, donde la Casa del Rey ha tomado la iniciativa, si bien en contacto continuo con la Moncloa. El no revelar dónde se encuentra forma parte de las condiciones que puso Juan Carlos I para aceptar su destierro del país.

Y Sánchez no quiere romper este acuerdo. El martes de la semana pasada, cuando compareció tras el Consejo de Ministros, el líder socialista dijo primero que desconocía dónde se encontraba el exjefe del Estado, y después que quien debía decirlo era la Casa del Rey, que hasta ahora señala que Juan Carlos I es un ciudadano más y que él debe decidir si desvela o no su lugar de residencia. Esta vez, Sánchez se ha remitido a la Corona cuando le han pedido explicaciones.

"Las conversaciones con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Somos instituciones distintas. Tiene que ser la Casa del Rey o el propio afectado quien lo comunique", ha señalado el presidente, que ha acogido con cierta incomodidad las preguntas sobre la reciente imputación de Podemos como persona jurídica y de varios dirigentes morados por los posibles delitos de malversación y administración desleal. Sánchez se ha limitado aquí a transmitir su "respeto a la independencia judicial".