El diputado de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC Jordi Sànchez solicitó ayer a la sala penal del Tribunal Supremo que tramite con la máxima urgencia el recurso contra la decisión del juez Pablo Llarena de rechazar su petición para poder acudir al pleno de su investidura en el Parlamento catalán. Según el escrito, están en juego «no solo los derechos políticos» de Sànchez, sino también los de «los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura», a la vez que recuerda que, tal como sostiene el Tribunal Constitucional, la investidura tiene que ser presencial.

El recurso, presentado por el abogado de Sànchez, Jordi Pina, señala que la decisión de no dejar salir de la cárcel al dirigente independentista comporta «graves lesiones» no solo sus derechos fundamentales, sino también el de sus votantes y los valores fundamentales del ordenamiento constitucional, como la democracia, el pluralismo político, la autonomía «política» de Cataluña y la división de poderes. Según el letrado, la privación al diputado de defender su candidatura supone la «evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable en ningún delito».

El abogado subraya que la privación a Sànchez de defender su investidura ante el riesgo de que en su discurso pueda incurrir en un supuesto nuevo delito colisiona con la inviolabilidad que ostenta los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus cargos. Argumenta también que la decisión de Llarena «suponen una grave restricción de la democracia», por cuanto se impide a una cámara parlamentaria designada por sufragio escoger al candidato con más apoyos, y, además, vulnera «el derecho al pluralismo político, por cuanto, aduciendo para la denegación un posible riesgo de reiteración, se criminalizan determinadas ideas que el candidato pueda llegar a proponer aun cuando su realización se proponga por vías exclusivamente pacíficas».

La fiscalía, por otra parte, anunció ayer que «procederá a ejercitar las oportunas peticiones [de extradición] una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa» contra estos seis investigados.