Con más de tres de meses de retraso, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para el 2019 con el que Pedro Sánchez se juega el objetivo de alargar la legislatura, si logra los apoyos políticos que aún no tiene para su aprobación. Y si no logra estos apoyos, el proyecto de presupuestos aprobado ayer, que destina el 57,3% de sus partidas a gasto social, al menos podría servir a Sánchez de avance de programa electoral para unas futuras elecciones generales.

Las cuentas aprobadas por el Consejo de Ministros elevan el gasto consolidado del Estado y sus organismos autónomos a 345.358 millones de euros, el 5,3% más que el año anterior. En grandes líneas, el proyecto de presupuestos concentra su apuesta en el gasto social (que crece el 6,4% y eleva su peso desde el 55,5% del gasto total del 2018 al 57,3% en el 2019), al tiempo que sacrifica el capítulo de inversión, que solo crecerá el 2,3%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Gobierno se ha visto obligado a detraer 850 millones de la inversión para poder cumplir el exigente objetivo de déficit del 1,3% del PIB, después de que el veto del PP en el Senado impidió la aprobación de la meta más generosa del 1,8% que pretendía el Gobierno.

Desde el punto de vista político, el Gobierno considera en todo caso que las cuentas del 2019 son lo suficientemente «atractivas» para deshacer dos grandes nudos de preocupación. Uno, «seducir» a los partidos independentistas para que apoyen las cuentas en el Congreso por los beneficios que tendrán para los catalanes. Y dos, no menor, frenar el descontento ciudadano en el que -cree el Ejecutivo- arraiga parte del auge de Vox.

«El Presupuesto tiene partidas importantes para Cataluña y espero que sea un elemento suficientemente atractivo», afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La ministra confirmó que las Cuentas del 2019 cumplirán por primera vez con el Estatuto de Cataluña (el porcentaje de inversión estatal en Cataluña debe ser similar al peso de la comunidad en el PIB estatal, el 18%) y de otras comunidades.

Según Montero, esto no debe interpretarse como una «contrapartida» para capturar al voto de los partidos catalanes, sino como el mero cumplimiento de la ley. Sin embargo es evidente que el Gobierno juega esta carta para intentar atraer el renuente voto de los independentistas de ERC y PDCat en el Congreso de los Diputados. «El Govern demanda permanentemente más recursos para Cataluña, ahora tiene una oportunidad, así que soy optimista», admitió la ministra.

¿APOYO INDEPENDENTISTA? / El «optimismo» del Gobierno creció ayer con la declaración del expresidente Carles Puigdemont, que no vetó el primer trámite de los Presupuestos y reconoció que los grupos parlamentarios de ERC y PDECat son autónomos, aunque recordó que la intención sigue siendo rechazar el proyecto definitivo. La primera prueba de fuego tendrá lugar los días 11 y el 12 de febrero en el debate de totalidad del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Ahí se verá si los independentistas prestan su imprescindible voto al proyecto del Gobierno o si, por el contrario, hacen aborta las aspiraciones de Sánchez.

La ministra de Hacienda no quiso adelantar aún cifras concretas sobre el montante de la inversión territorializada que el Estado destinará a Cataluña y se remitió a la rueda de prensa del lunes en el Congreso de los Diputados. Sí se refirió a que, con carácter general, el conjunto de los recursos de financiación de las autonomías subirán en casi 6.500 millones el año próximo (de los que 989 irán a Cataluña).

El fuerte aumento del gasto social y las medidas de apoyo a familias y clases medias es el antídoto que, desde el punto de vista del Gobierno, puede servir de «vacuna frente al caldo de cultivo del descontento con el que se nutren los populismos» como el de Vox, apuntó Montero.

Dentro del bloque social, las cuentas recogen un aumento del 6,2% del gasto en pensiones. El gasto en pensiones se llevará 42,1 euros de cada 100 de los presupuestos. También se incluye una subida de casi el 60% en las partidas de dependencia, un incremento del 10% en el bloque de becas y la eliminación del copago para pensionistas y colectivos más vulnerables. Además se recupera el subsidio de desempleo para parados de larga duración mayores de 52 años, se aumenta en 220 millones la lucha contra la violencia de género, se dota con 321 millones las ayudas a familias para combatir la pobreza infantil y se aumenta de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad, entre otras medidas.

Todas estas medidas sociales forman parte del acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos que ayer exigió al Ejecutivo el cumplimiento exhaustivo del pacto. «Si no se cumple el acuerdo esos presupuestos no saldrán adelante», advirtió la portavoz morada, Irene Montero. Según esta formación, hay puntos muy importantes del acuerdo que no se están cumpliendo, como el relativo a regular las subidas abusivas de los precios de los alquileres. El Gobierno «cuando firma un acuerdo, lo cumple», respondió la ministra de Hacienda desde la mesa de la Moncloa y avanzó que lo pactado se desarrollará a lo largo del 2019.

Recaudación récord / «Los Presupuestos Generales del 2019 marcan un punto de inflexión respecto a la política económica y presupuestaria de los últimos años al hacer compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público y la redistribución de la riqueza poniendo las bases de un modelo de crecimiento más inclusivo, inteligente y sostenible», resumió la ministra de Hacienda. El gasto en infraestructuras crecerá el 40%, hasta los 7.572 millones, si bien hay que tener en cuenta que solo una parte de esta cuantía es inversión (la otra es gasto corriente).

Para hacer compatible el fuerte aumento del gasto social con el cumplimiento del objetivo de déficit el Gobierno cuenta con las medidas de aumento de impuestos acordadas con Unidos Podemos. Según los cálculos del Gobierno, la subida del IRPF para las rentas más altas, la aplicación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, la nueva tasa Google, el nuevo impuesto sobre transacciones financieras, o la mayor fiscalidad del diésel -entre otras medidas- podrán aportar al Estado unos 5.654 millones adicionales. Gracias a estas medidas, el Gobierno prevé alcanzar en el 2019 unos ingresos tributarios totales por 227.356 millones de euros, el 9,5% más que el año anterior y la mayor cifra de recaudación de la historia presupuestaria (casi 20.000 millones más que lo obtenido durante el 2018)

Los Presupuestos de Sánchez «suben impuestos para pagar una campaña electoral infinita», criticó el lider del PP Pablo Casado. Desde su punto de vista, las cuentas socialistas constituyen «una propuesta letal para los intereses de la economía española, una propuesta egoista, partidista, sectaria, innecesaria, irresponsable e irreal», remató

Por su parte, Ciudadanos acusó al Gobierno central de hacer «maquillaje contable» con una previsión de ingresos que «no se sostiene». Según el responsable de Economía de Cs, Luis Garicano, estas previsiones incluyen «6.000 millones de euros más que surgen de la nada», criticó.