Pedro Sánchez quiere que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés sea el punto de inflexión que permita abrir una «nueva etapa» en Cataluña, un nuevo ciclo en el que la Generalitat asuma que el proyecto independentista ha «naufragado» y abandone la ruptura del orden constitucional. Con el objetivo de allanar el camino a ese escenario, el presidente mostró su voluntad de «contribuir al diálogo» si el secesionismo abandona el camino de la ruptura, pero también advirtió de que el Gobierno central permanecerá «atento» para garantizar el cumplimiento de la legalidad.

En una declaración sin preguntas en la Moncloa, Sánchez apostó ayer por el «cumplimiento íntegro» de la sentencia, descartando así los posibles indultos y también la amnistía que piden JxCat y ERC. Esa actitud encaja con las peticiones de PP y Cs, que se niegan a que los presos puedan obtener medidas de gracia.

Por la tarde, Sánchez llamó a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para buscar unidad en la respuesta a la sentencia. Fuentes gubernamentales indicaron que las conversaciones fueron «constructivas» y con un espíritu de «lealtad institucional». El líder de Cs pidió al jefe del Ejecutivo una reunión que no llegó a concretarse. Sánchez, que en su intervención no mencionó la ley de seguridad nacional ni el artículo 155, transmitió a los líderes de la oposición que si fuera necesario tomar medidas excepcionales «serían compartidas». El Gobierno no quiere anticipar ningún escenario, pero Sánchez dio por hecho que vienen momentos difíciles. «En estos días vamos a asistir a los estertores de una etapa superada», opinó.

Sánchez empleó primero el castellano y después el inglés. El Gobierno está preocupado por cómo será interpretada esta sentencia en el extranjero, y fuentes de la Moncloa señalan que uno de los fallos de Mariano Rajoy como presidente en todo este conflicto fue minusvalorar el impacto internacional del procés. La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, se reunió con diplomáticos extranjeros y envió información a las embajadas españolas.

Hace unos días, un veterano dirigente del PSOE analizaba la situación preelectoral, a menos de un mes de las generales del 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años. El socialista se detenía en la necesidad de movilizar a su electorado, que todavía, explicaba, no había despertado del todo. En la importancia de explicar bien los motivos de la repetición de los comicios. En la apuesta de Sánchez por acudir de nuevo a las urnas, a su juicio muy arriesgada. Y en cómo estaban los adversarios de un PSOE por el momento estancado en el entorno de sus 123 diputados actuales. «Pero -dijo-, cambiará el lunes, cuando se conozca la sentencia».

alivio en el PSOE / Desde que se conoció que el Supremo no iba a apreciar rebelión, una sensación de alivio recorrió el entorno de Sánchez. El pasado noviembre, la Abogacía del Estado, que representa y depende del Gobierno, presentó su escrito de acusaciones. Hasta entonces, había defendido la existencia de rebelión, pero en el último momento acusó por sedición. La apuesta fue controvertida, y provocó la salida del abogado del Estado que había dirigido esta iniciativa (Edmundo Bal, ahora diputado de Cs), pero se ha visto refrendada por los magistrados.

El Ejecutivo cree que el mensaje de «ley y diálogo» que enarbola será el que se acabe imponiendo en la ciudadanía, en especial si no hay graves incidentes en las calles catalanas. A las puertas del 10-N, los socialistas anticipan que Sánchez será visto como el «único que puede arreglar el problema».