La Moncloa trata de pasar página a la controvertida polémica abierta en el seno de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como próxima Fiscal General del Estado. El jueves, el órgano de gobierno los jueces mantuvo una tensa deliberación en la que se constató una honda discrepancia sobre la conveniencia de que un perfil que ha estado tan vinculado al Ejecutivo ocupe este cargo y llegue a erosionar la percepción de separación de poderes. Tras la deliberación, el CGPJ acabó por dar vía libre a Delgado y a ello se aferra el Gobierno para minimizar el debate y enfatizar el resultado final: la persona propuesta cumple con los requisitos técnicos para asumir el cargo. Y esto, al Ejecutivo, le resulta suficiente para seguir adelante.

La encargada de quitar hierro al asunto fue la ministra de Hacienda y nueva potavoz gubernamental, María Jesús Montero, que compareció ayer en su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

«Este Gobierno no va a valorar las discusiones de distintos órganos», señaló. «La propuesta de nombramiento sigue su curso después que el Consejo General haya declarado que es legal y que se cumplen con los requisitos exigibles», añadió.

Al igual que ya hizo Pedro Sánchez el martes al ser preguntada por el malestar de los jueces, Montero aludió a la necesidad de renovación del Poder Judicial y apeló al PP .

Anunció que el ministro de Justicia, José Manuel Campo, iniciará de inmediato los contactos con los conservadores para tratar de buscar un «consenso». No descartó un encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, Pablo Casado, en pos de allanar un acuerdo. Los conservadores proponen cambiar la ley del Ministerio Fiscal para limitar el acceso de un político a ese cargo, informa Pilar Santos. Ayer, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, admitió, sin embargo, que no hay margen para el acuerdo en la renovación del CGPJ porque Sánchez no es de «fiar» tras designar como fiscala a su exministra Delgado.

APOYO A LOS SOCIOS // La portavoz cerró filas con los socios de Podemos. Preguntada por las palabras del vicepresidente, Pablo Iglesias, en las que opinó que la justicia europea había «humillado» a la española, Montero defendió el derecho del líder morado a la «libertad de expresión y de crítica».

Flanqueada en su comparecencia por la ministra de Educación, Isabel Celaá, y por la de Igualdad, Irene Montero, descartó luchas por el protagonismo. «En este Gobierno no hay ni ministros de Podemos ni ministros socialistas. Este es un Gobierno de coalición. Desempeñamos una tarea que tiene que rendir cuentas al Consejo de Ministros, con independencia de la procedencia previa», zanjó por si había alguna duda.

Además, subrayó que la unidad estará presente esta coalición cuando le preguntaron si a partir de ahora siempre habrá un ministro morado en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.