Pedro Sánchez saldrá mañana a su primera gira internacional como presidente para tratar de que España gane peso en el exterior con su primer desafío estatal en la maleta pendiente de resolver: cómo abrir el anhelado diálogo con las autonomías preservando los frágiles equilibrios parlamentarios sin alimentar los recelos de unos territorios que piden oxígeno para llegar con punch a las elecciones de mayo del 2019. El jefe del Ejecutivo no dispone de soluciones mágicas, aferrado al compromiso de la estabilidad presupuestaria, pero los líderes de las comunidades con quienes se reunirá a la vuelta del periplo internacional ya tienen preparadas sus reivindicaciones y miran de reojo lo que puedan lograr los vecinos. Sánchez sabe bien que no puede contar siquiera con el apoyo de las autonomías socialistas puesto que, con los comicios en el horizonte, incluso sus presidentes apretarán las tuercas a Madrid.

La primera reclamación que promete curvas es la financiación autonómica. La decisión de Sánchez de no renovar el viejo sistema esta legislatura y ofrecer solo «mejoras» parciales ha levantado críticas. La Comunidad Valenciana, la más infrafinanciada, está gobernada por el socialista Ximo Puig con apoyo de Compromís. Ambas fuerzas se quejan. «No se puede renunciar en absoluto a cambiar el modelo lo más rápidamente posible», alega Puig. Sus socios van más allá. El miércoles presionaron a Sánchez en la sesión de control y se llevaron «un jarro de agua fría», una decepción tan honda que ayer decidieron poner al presidente frente al espejo. Registraron la misma iniciativa que el PSOE había presentado en el 2016 urgiendo a reformar el modelo.

Otra comunidad que puede despertar el fantasma de los agravios es Andalucía. Sánchez se reunirá con la presidenta, Susana Díaz, el 23 de julio, pero ella ya ha avisado que no es «franquicia» de la Moncloa.

También el socialista Emiliano García-Page reclama desde Castilla- La Mancha a Sánchez que no abandone la revisión del sistema y la presidenta balear, Francina Armengol, advierte de que no renuncia a sus exigencias.

No quieren los presidentes tratos de favor a determinadas autonomías y reclaman que las conversaciones sean multilaterales. En el aire, el temor a que los encuentros de Sánchez con el lendakari, Íñigo Urkullu, (25 de junio, el primero de los presidentes llamados a la Moncloa) y el president, Quim Torra, (9 de julio) incuben eventuales tratos de favor. Mientras, ERC defenderá en una moción en el Congreso el diálogo bilateral de la Generalitat y el Gobierno «sin condiciones ni renuncias». Alimentando la conspiración está el PP que tira del mantra de «las concesiones» a los independentistas a cambio de apoyar la moción de censura.

Sánchez empieza su gira europea con estas llamadas de atención desde casa y con otras señales de riesgo en el exterior. La negativa de Italia, ayer, a abrir sus puertos a una embarcación con 224 inmigrantes muestra que la respuesta española al Aquarius difícilmente será extensible a todas las situaciones. Sánchez defenderá el domingo en la cumbre sobre migración en Bruselas que a UE debe coordinarse en una política común para actuar ante este drama humanitario.