El candidato a presidir la Generalitat de Catalunya, Jordi Sànchez, presentó este martes ante el Tribunal Supremo una nueva petición para poder asistir al pleno del Parlament previsto para el próximo viernes, día 13. En esta ocasión, además de solicitar su excarcelación o un permiso penitenciario, ha propuesto que en el caso de que ambas opciones sean descartadas por el instructor de la causa por rebelión, Pablo Llarena, como ya hizo anteriormente, se le permita participar en el debate por videoconferencia.
En un escrito de apenas tres páginas, el número dos de Junts per Catalunya apela a la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se insta a garantizar cautelarmente sus derechos políticos. El Gobierno de España tiene seis meses para contestar, en el sentido de recordar que su permanencia en prisión depende del Tribunal Supremo y que la independencia judicial impide al Ejecutivo inmiscuirse en las decisiones que puede adoptar el juez Llarena.
La defensa de Sànchez sostiene que para garantizar que España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en lo relativo a la participación en la dirección de los asuntos públicos y tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, se deben adoptar medidas para el ejercicio de esos derechos sea posible.
Ello pasa por dejar en libertad a Sànchez para que pueda asistir al debate de investidura como candidato a presidir la Generalitat o, al menos, concederle un permiso penitenciario para poder acudir al pleno. "En el caso de no entenderse tampoco oportuna la medida anterior" solicita que "se permita al diputado participar en los citados plenos por medio de videoconferencia desplazándose a tal efecto al lugar" el juez Llarena "disponga".
El abogado de Sànchez, Jordi Pina, recuerda que la investidura telemática ha sido vetada por el Tribunal Constitucional para el 'expresident' Carles Puigdemont por no encontrarse a disposición de la Justicia española, "pero nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlament". Añade que después debe el presidente de la Cámara, Roger Torrent, quien la acepte en el ejercicio de sus competencias.
Admitidos recursos
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa Anna Simó contra la decisión del juez Llarena de asumir toda la investigación relativa al delito de rebelión por el que se ha procesado a la mayoría de las personas que formaron el Govern de Carles Puigdemont.
Ambas exparlamentarias acudieron al Constitucional, al entender que la competencia para investigar los hechos que se les imputan correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y no al Supremo.
