El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez esperó casi a terminar su declaración ante el tribunal para lanzar su mensaje: «El problema de Cataluña no pasa por lo que pueda hacer esta sala con una sentencia, sino por el diálogo« y hasta dijo compartir con el Rey (sin llegar a citarle) que «no puede haber democracia sin ley», pero él añadió que tampoco «puede haber una ley que ahogue a la democracia». A renglón seguido precisó que los derechos evolucionan y que, aunque el de autodeterminación no esté recogido en la Constitución, eso no significa que sea inconstitucional.

Previamente Sànchez, en la línea de Oriol Junqueras y Raül Romeva, se había declarado «un preso político» en «un juicio político». Lo justificó en que los hechos por los que la fiscalía le acusa son «absolutamente falsos». «Se ha intentado generar un relato de que hubo un intento continuado de asalto y es falso». «No hubo un alzamiento de 60.000 personas» ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, aseguró.

El interrogatorio de Sànchez es crucial para la fiscalía porque la violencia necesaria para acusar por rebelión se basa justo en ese día y en el 1-O. Por eso hubo tensión con el fiscal Javier Zaragoza, mucho más inquisitivo que sus compañeros, tanto en relación con los vehículos de la Guardia Civil destrozados el 20-S como con el 1-O. El acusado afirmó que puede «ser independentista, pero no idiota», porque nunca quiso atribuir al Instituto Armado un daño causado a «algunos manifestantes que se aprovecharon del anonimato» y de la premura de la convocatoria de la protesta contra los arrestos de la operación Anubis.

«¿Pero por qué no hay imágenes? Esos daños existen y los condené entonces, como siempre he condenado la violencia, porque fue una torpeza política. Pero los daños solo fueron en vehículos, no en inmuebles ni personas», destacó. Consciente de lo que se juega, el líder independentista fue muy taxativo: «No hubo en ningún momento bloqueo de la puerta, agresiones o lanzamiento de objetos».