En su primera entrevista desde las elecciones del pasado 10 de noviembre, después de aceptar un Gobierno de coalición con Podemos, pactar con ERC y sacar adelante su investidura, Pedro Sánchez anunció que se verá con el presidente Quim Torra a principios de febrero. «Estoy encantado de tener esa reunión», dijo ayer en TVE.
La cita con el jefe del Govern no será la única que mantenga a corto plazo con los mandatarios autonómicos, pero sí la primera. Y tendrá lugar en Barcelona. Porque Sánchez quiere invertir la dinámica de este tipo de reuniones, en las que los líderes territoriales acudían a Madrid, al Palacio de la Moncloa, para verse con el presidente. Ahora será el revés, con todos: Sánchez será quien se desplace a las autonomías. «Quiero abordar con energía el diálogo territorial», señaló el líder socialista.
Tras el encuentro con Torra, dentro de cerca de dos semanas, se producirá la primera cita de la mesa de negociación entre gobiernos pactada entre el PSOE y ERC a cambio de la abstención de los republicanos en la investidura. Ese acuerdo señalaba que el organismo de nuevo cuño debía reunirse en un plazo máximo de 15 días desde la formación del Gobierno, algo que se verá incumplido, pero el presidente señaló que se debía a la insistencia de Torra en tener primero un cara a cara con él.
«Vamos con la mejor de las voluntades, aunque sabemos que tenemos muchas discrepancias», insistió Sánchez. Su objetivo es llegar a un acuerdo con la Generalitat que después sea sometido a consulta entre los catalanes. «Eso significaría que hemos superado esta crisis política», explicó, dejando claro que en ningún caso aceptaría un referéndum de autodeterminación, porque «si se propone una votación, es para unir, no para dividir».
El discurso territorial de Sánchez, como su tono hacia Podemos, ha cambiado mucho desde los comicios del 10 de noviembre. Ahora es mucho menos duro, más conciliador, y está plagado de palabras como «diálogo» y «entendimiento». Incluso algunas promesas electorales han quedado atrás. Durante el único debate de la pasada campaña, el líder socialista anunció que si continuaba en el Ejecutivo promovería un cambio en el Código Penal para recuperar el delito de referéndum ilegal. Esta vez, sin embargo, se limitó a señalar, preguntado por esta propuesta, que lo que le «gustaría» es que «no hubiera» un nuevo referéndum como el del 1-O.
Al mismo tiempo, Sánchez abrió la puerta a un cambio para reducir las penas de sedición, modificación que podría aplicarse a los líderes independentistas actualmente en prisión, como Oriol Junqueras. «Hay que ir paso a paso. Esta crisis ha mostrado que tenemos un Código Penal que no corresponde con lo que estamos viviendo», señaló.
SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS / De momento, el Consejo de Ministros de hoy tomará dos medidas. Por un lado, la anunciada subida de un 2% del sueldo de los funcionarios, que forma parte del pacto al que llegó en su día Mariano Rajoy con los sindicatos de trabajadores públicos. Por otro, el Ejecutivo aprobará sus prioridades contra la crisis climática para alcanzar la neutralidad climática en el 2050 como muy tarde, a través de iniciativas como un sistema energético completamente renovable y un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes.
Los nuevos Presupuestos Generales del Estado, concluyó el presidente, deberían estar aprobados «antes de que finalice el verano», según sus planes. También aseguró que el nuevo Ejecutivo de coalición solo va a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, al haber un «consenso bastante amplio» entre los agentes sociales y estar fijado así en la hoja de ruta de la coalición progresista.
Pidió que «todos los partidos» den prioridad a la revalorización de las pensiones y la viabilidad del sistema, y apeló al diálogo social para referirse al alza del Salario Mínimo. Definió el veto patental como un «problema inventado» por la ultraderecha, y pidió a Casado que «vuelva al consenso democrático educativo».
