El Gobierno ha admitido este miércoles que no existen límites para la reforma constitucional pero subraya que esa modificación debe ser sometida al criterio de todos los españoles y no solo al voto de los catalanes. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aseverado que el Ejecutivo está dispuesto a negociar en búsqueda del máximo consenso para revisar la Carta Magna en su intervención en el Congreso, donde ha respondido a una interpelación planteada por el portavoz del Partit Demòcrata, Francesc Homs.

“Nada en nuestra Constitución es intocable. Desde el artículo uno hasta las últimas disposiciones pueden modificarse”, ha aseverado. La vicepresidenta ha negado que el Gobierno no esté dispuesto a dialogar sino que la decisión debería pertenecer “al conjunto de los españoles”. Para ejemplificar su disposición a negociar ha hecho referencia a la comisión entre el Estado y la Generalitat que dirime los conflictos territoriales y ha asegurado que ya se han solucionado el 40% de los recursos planteados. “Trabajemos por la estabilidad y no por la incertidumbre”, ha pedido a Homs, a quien ha preguntado cómo puede hablar de diálogo cuando pone como línea roja el referéndum.

El diputado catalán ha puesto en duda la voluntad real de diálogo anunciada por el Gobierno y ha sugerido que solo se debe a la minoría parlamentaria del PP. Aún así, se ha comprometido a estar presente en todos los foros para avanzar en el deshielo entre las dos administraciones, hecho que ha animado a la vicepresidenta.“Hemos avanzado. Soy optimista-realista”, ha zanjado.

El debate sobre la reforma de la Constitución y el encaje de Cataluña ha protagonizado la sesión de control al Gobierno. PSOE y Unidos Podemos han exigido al Ejecutivo que trace su hoja de ruta para una reforma que debería abordarse en esta legislatura. Santamaría ha advertido que esa reforma “exige consenso en el punto de salida y de llegada, en el diagnóstico y en las soluciones”, lo que a su juicio, todavía no existe. Aún así, ha comprometido, el Ejecutivo trabajará para lograr un diálogo que es imprescindible.

ENSANCHAR LA LEY FUNDAMENTAL

La diputada del PSC Meritxell Batet ha urgido a Santamaría a dejar de “parapetarse” tras la ley e iniciar ya unas “negociaciones honestas” que permitan construir “un proyecto ilusionante”. Ha señalado que los socialistas son muy conscientes de la los consensos y los “esfuerzos mayúsculos” que requiere la reforma y le ha reprochado que el Gobierno “no tenga una respuesta para Cataluña”. También ha reprochado al Govern de la Generalitat que "deje sin voz" a los ciudadanos catalanes si finalmente no asiste a la conferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo.

En su respuesta a la dirigente socialista, la vicepresidenta se ha comprometido a trabajar para “abrir cauces de diálogo y ensancharlos”.

Y en referencia a esa promesa, el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, le ha reprochado que, en realidad, el Gobierno no ha "ensanchado" el marco constitucional, sino que lo ha “estrechado” por su falta de comprensión del concepto de plurinacionalidad y la aplicación de leyes que han cercenado la autonomía de los ayuntamientos.

La vicepresidenta le ha respondido con el dardo de la pugna interna que vive Podemos, entre pablistas y errejonistas. “Reformar la Constitución es algo más que un trabajo de minorías ruidosas y mayorías transversales, porque la Constitución que ustedes critican tiene que dar cobijo a todos”, ha ironizado, en una clara alusión a las dos almas de Podemos que el portavoz definió con estos términos en un artículo de reflexión publicado el lunes.

FONDOS PARA LA CONSULTA

Tras la intervención de la vicepresidenta, el portavoz del PP, Rafael Hernando, advirtió que Gobierno actuará si, tras la tramitación de los presupuestos para la 2017 aprobados por la Generalitat catalana, el Parlament ratifica la partida prevista para la celebración de un referéndum de independencia en septiembre del año que viene.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando ha calificado de "muy desafortunada" la inclusión de esa partida de más de seis millones en las cuentas catalanas para la convocatoria de la consulta que tiene prometida, y ha mostrado su deseo de que eso "se enmiende" durante la tramitación en el Parlament.

Pero ya ha adelantado que si se mantiene esa previsión presupuestaria, se "obligaría" al Gobierno de Mariano Rajoy a "actuar". "A ver si todos hacemos esfuerzos para hacer las cosas correctamente en el ámbito de nuestras competencias sin echar más leña al fuego", ha reclamado.