En una sesión tediosa y sin los primeros espadas de los partidos, el Congreso convalidó ayer seis reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de las elecciones. Estos son las medidas aprobadas, que entran en vigor con su publicación en el BOE.

EL ‘BREXIT’. El real decreto en torno a la posibilidad de que el Reino Unido abandone la UE a las bravas, deja en manos de los ministerios la aprobación de medidas concretas, aún no decididas, para «preservar los intereses» de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada, y para «preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España», según el Gobierno. En la defensa de la medida, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, señaló que se han previsto «casi todos» los escenarios posibles, pero la oposición le reprochó algunas lagunas, como las órdenes europeas de detención y entrega, que decaerán con el brexit.

LA IGUALDAD. El decreto sobre igualdad contempla la ampliación del permiso de paternidad progresiva. En el 2019, los padres gozarán de 8 semanas, una medida que entró en vigor el lunes. En el 2020, 12 semanas; y en el 2021, 16 semanas, las mismas de las que disfruta la madre. El permiso es intransferible y retribuido al 100 por 100. Además, la ley obliga a las empresas a llevar un registro con los salarios, con el que se busca reducir la brecha salarial. Asimismo, generaliza los planes de igualdad, hasta ahora solo obligatorios para empresas de más de 250 trabajadores, y recupera las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de los dependientes. La oposición, no obstante, reprochó al Ejecutivo que se haya dejado en «desventaja» a las familias monoparentales, a las que solo se les ofrece 15 días extra en la baja laboral por nacimiento de hijo.

EL alquiler. El más polémico de los decretos aprobados introduce medidas, según el ministro José Luis Ábalos, para dar «más seguridad y certidumbre al inquilino» y paliar la falta de viviendas en alquiler. Podemos tumbó el primer decreto con este objetivo porque no incluía la posibilidad de que algunas ciudades puedan limitar los desorbitados precios de ciertos barrios. En esta ocasión, decidió dar su apoyo porque la norma incluye «algunos elementos de mejora» como la limitación de los precios al IPC durante la duración del contrato o la creación, en el plazo de ochos meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler. Asimismo, se amplía la prórroga obligatoria del contrato de tres a cinco años (siete en el caso de personas jurídicas) y se habilita un gravamen en el IBI para las viviendas vacías.

DESEMPLEADOS DE 52 AÑOS. La recuperación del subsidio para desempleados de larga duración a partir de los 52 años de edad es la medida que permite convalidar el decreto ley que también incluye bonificaciones a la contratación y el registro horario de la jornada, y que ha sido muy criticado por la oposición. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, pidió el apoyo de la Diputación Permanente a una norma que «mejora la vida de más de 2 millones de personas y que invierte en justicia y cohesión social aproximadamente 700 millones de euros».

EL SUPERÁVIT. El último real decreto permite a los ayuntamientos y las comunidades destinar el superávit presupuestario del 2018 a inversiones financieramente sostenibles, y permite que puedan disponer de más tiempo para desarrollar estas inversiones, en concreto que la ejecución pueda terminar en el 2020.

LA ESTIBA. Tras cinco años de negociaciones y varias huelgas, el Gobierno acordó con empresas y sindicatos que el nuevo real decreto de la estiba abra el sector a las ETT pero estas deberán estar vinculadas al sector para poder contratar trabajadores. El marco legal tiene el beneplácito de la UE y, según el Ejecutivo central, ofrece seguridad jurídica y garantiza que no se precarice el sector.