La sentencia por la denominada 'pieza política' del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía no coincidirá finalmente con la campaña electoral para las generales del próximo 10-N. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó este martes conceder una prórroga de 15 días al magistrado ponente encargado de redactarla, de tal manera que seguirá liberado de sus tareas del juzgado para centrarse exclusivamente en un fallo que puede suponer más de 1.700 folios. Fuentes judiciales matizan que ese plazo no significa que la sentencia que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán vaya a conocerse en dos semanas, ya que posteriormente el juez Juan Antonio Lacalle podría rematar los últimos detalles mientras prosigue con los asuntos ordinarios de su sala.

El caso, cuya vista oral concluyó precisamente el pasado mes de diciembre, supone en la práctica una moción de censura, vía tribunales, a los años de gobierno del entonces todopoderoso PSOE andaluz, ya que cuestiona cómo logró mantenerse en el poder: con una pax social basada en una lluvia millonaria de dinero público a empresas en situación de crisis, entre ellas algunas afines a los socialistas. Así se manifestó la Fiscalía, apuntalando la versión de una supuesta red clientelar mediante las políticas de empleo en la región española más azotada por el paro. Y aunque ninguno de los 21 implicados está acusado de haberse lucrado ilícitamente, y se ha descartado de plano que el dinero sirviera para financiar al partido, el PP ha tratado de equiparar siempre este juicio con el caso Gürtel pero en el PSOE. De ahí que la sentencia pudiera ser una bomba de flotación para las filas de Pedro Sánchez en plena campaña electoral.

COMPLEJIDAD SIN JURISPRUDENCIA PREVIA

Desde el TSJA explican que la Sala de Gobierno considera razonable la solicitud de contar con otros 15 días adicionales de dedicación exclusiva y liberación de asuntos a fin de ultimar la confección informática de referida sentencia. Según expuso el juez en su petición de una prórroga la pasada semana, ya están completados actualmente más de 50 archivos, redactados con carácter individual, donde se recogen diferentes hechos probados y fundamentos de derecho. No obstante, Lacalle entiende que "es imprescindible la integración informática correlativa, siguiendo un orden congruente de esos archivos individuales, que configurarán la sentencia final. Además, una vez coordinado e integrado todo el documento para darle coherencia, será también imprescindible su revisión completa.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya dejó patente la enorme complejidad de este fallo el pasado mes de septiembre, cuando se entrevistó con los tres magistrados encargados de juzgar el caso. Apeló entonces a que el tribunal debía pronunciarse sobre procedimientos administrativos y cuestiones técnicas bastante complicadas y sobre las que apenas hay jurisprudencia, de ahí que incluso llegara a asegurar que se trata de una de las sentencias más complejas de la historia de la Justicia española.

UN PROCEDIMIENTO PARA ELUDIR CONTROLES

El juicio por la considerada pieza política de los ERE trata de arrojar luz sobre si la administración socialista implantó de forma deliberada, entre los años 2001 al 2010, un procedimiento específico para facilitar la concesión de ayudas sociolaborales a empresas de manera arbitraria y opaca, lo que permitió por ejemplo que aparecieran intrusos o personas ajenas a esas empresas que se acogieron a regulaciones de plantilla con cargos a los fondos públicos, o que se crearan exprofeso sociedades que desaparecían una vez captado el dinero, ya que no había fiscalización previa. En el epicentro de la trama se sitúa la Consejería de Empleo, especialmente la Dirección general de Trabajo, responsable de aprobar y conceder los fondos a través de pagos cruzados con un ente público, evitando así esos controles.

En el banquillo se sentaron durante un año dos expresidentes autonómicos, Chaves y Griñán, pero también seis exconsejeros de distintas áreas, desde Hacienda a Vicepresidencia o Industria, y otros 13 exaltos cargos que ejercieron durante sus respectivos mandatos. Todos ellos se aferran a que el interventor general en ningún momento detectó menoscabo de fondos públicos ni alertó de que ese mecanismo de pago fuera ilegal. Chaves y Griñán se enfrentan a una petición de condena de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero sobre el segundo pende también una pena de seis años de cárcel por supuesta malversación continuada durante los años que estuvo al frente del área de Hacienda. Por su parte, los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo afrontan peticiones de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.