La Audiencia Nacional dictó ayer la peor sentencia que podía esperar el PP por el caso Gürtel. El fallo por las prácticas corruptas cometidas entre 1999 y el 2005, en Madrid, Castilla-León y Estepona (Málaga), condena a su extesorero Luis Bárcenas a más de 33 años de cárcel y a Francisco Correa a casi 52, pero también deja negro sobre blanco que el grupo empresarial de este último y el Partido Popular tejieron «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» a través de la «manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».

Si Mariano Rajoy pensaba que había salvado la legislatura con el acuerdo con el PNV por los Presupuestos, el caso Gürtel ensombrece ahora su futuro. El PP, que solo pudo ser juzgado y ha sido condenado como partícipe de la trama a título lucrativo, seguramente no esperaba la contundencia que muestra la resolución al describir «la estructura de colaboración estable» que mantuvo con Correa hasta el 2004, cuando el grupo se trasladó a Valencia. Y tampoco que a raíz de esto el PSOE estudie presentar una moción de censura para derribar a Rajoy, con el apoyo seguro de Podemos y la duda de qué hará Ciudadanos.

La sentencia no ayuda a los populares. Explica que «en paralelo» a la actividad propia de un partido se creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de la estrecha y continua» relación de Correa «con influyentes militantes» del PP, que podían «influir en procedimientos de contratación».

Las empresas de Correa y las que le pagaban la comisión, con el apoyo de los cargos públicos condenados, «gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública» e «inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios».

Las comisiones pagadas por terceras empresas «se repartían entre Correa y las autoridades o cargos públicos corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas o celebraciones, de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares», como ocurrió con la exministra Ana Mato.

Parte de esas comisiones fueron a parar como donaciones finalistas a la caja B del partido, que, según el fallo, funcionó al menos desde 1989.

La trama cometió todos los delitos vinculados a la corrupción: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales o intento de estafa procesal.

Según el tribunal, los condenados prevaricaron «de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación», a través del fraccionamiento de pagos o la elaboración pactada de los pliegos de condiciones de los concursos. Todo para «detraer de los caudales públicos que tenían bajo su custodia los acusados, y de la que debían ser garantes, cantidades que sustraían para beneficio propio».

Solo Correa cobró 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas del 2000 al 2008 e ingresó 2.850.000 más en comisiones que cobró por intermediar en favor de otras. El tribunal considera a Bárcenas una «pieza fundamental», ya que desde dentro del partido podía acercarse a quien convenía para conseguir la adjudicación correspondiente. No era el único. Otros condenados también orientaban «los contratos a las conveniencias de las empresas» elegidas.