Este martes, a la una de la tarde, se reunirá la comisión del Pacto de Toledo, encargada de negociar la reforma del sistema de pensiones. Pese a tratarse de un pilar del Estado de bienestar, Pedro Sánchez y Pablo Casado no salieron de la reunión con un mensaje compartido de colaboración en esta materia. Según la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el líder del PPno hizo ningún compromiso concreto que garantice que los conservadores van a participar con ánimo constructivo en la comisión. Algo más positivo lo vio Casado, que incluso destacó un mínimo acercamiento en este asunto. Fuentes de su entorno destacaron que había hablado con el jefe del Ejecutivo de la posibilidad de que haya una comunicación entre partidos en paralelo al Pacto de Toledo. En este caso, según esas fuentes, por parte del PP podría encargarse la diputada Elvira Rodríguez, vicescretaria de acción sectorial del partido.

Las recomendaciones en materia de pensiones y seguridad social están caducadas desde 2016. Los partidos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo justo hace un año, pero la convocatoria anticipada de elecciones impidió rematarlo, porque primero Podemos y, después, PP y Cs se levantaron de la mesa.

Entre los principales retos que debe abordar la comisión en sus nuevas recomendaciones está la de pactar una nueva forma para revalorizar las retribuciones y la de orientar una hoja de ruta para hacer frente al déficit financiero de la Seguridad Social.

El propio Pedro Sánchez, pero también su predecesor Mariano Rajoy, solicitaron a la comisión un plan con recomendaciones dirigidas a 'limpiar' los 'números rojos' de las cuentas del sistema de pensiones. En palabras de la exministra y hoy presidenta de la comisión, Magdalena Valerio (PSOE), el objetivo es llegar a los años 2023-2024 con el sistema "lo más saneado posible". Antes de que haya que pagar las jubilaciones de la generación del 'baby boom'. Valerio ha señalado que se deberá acometer un "plan a corto y medio plazo para eliminar el déficit de la Seguridad Social", determinar qué gastos está asumiendo el sistema de forma indebida y que deben trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado.