En medio de una gran manifestación de sindicalistas, encabezada por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y con el apoyo del expresidente de Uruguay, José Múgica, de los líderes de formaciones de izquierda -PSOE, Podemos e Izquierda Unida- y de sindicalistas europeos, se ha celebrado la primera sesión del juicio contra los 8 trabajadores de Airbus, de Getafe (Madrid), en la que uno de los imputados ha acusado a la policía de mentir porque ninguno de los trabajadores agredió a las fuerzas de seguridad del Estado.

Los ocho sindicalistas, siete de CCOO y uno de UGT, que formaban parte del comité de empresa cuando ocurrieron los hechos, están acusados de un delito de coacciones y agresiones durante la huelga general de septiembre del 2010 por lo que el fiscal solicita un total de 66 años de prisión.

Todos los procesados han respondido a las preguntas tanto de la Fiscalía como de la defensa, y esta última ha puesto de manifiesto que el Ministerio Público no tiene ninguna prueba incriminatoria de que se hubieran cometido los graves delitos que se les imputa.

ESPAÑA SE LA JUEGA

Los líderes de CCOO y UGT encabezaron a primera hora de la mañana una manifestación que salió de las puertas de Airbus y se dirigió a la puerta de los juzgados de Getafe, donde aguardaron hasta que terminara la vista. Las dos centrales mantendrán la misma movilización durante los tres días que quedan de juicio. Toxo ha señalado que España “se juega mucho” con este juicio porque la acusación es "desproporcionada" y limita el ejercicio del derecho de huelga.

El secretario general de CCOO confía en que una mayoría de progreso e las nuevas Cortes derogue el artículo 315.3 del Código Penal que está permitiendo que haya 300 sindicalistas encausados por sus actividades en la huelga general contra la primera reforma laboral.

Uno de los encausados, José Alcázar, entonces presidente del comité intercentros, ha señalado a preguntas del ministerio fiscal que ese día se extrañó de la fuerte presencia policial ante la factoría. Ante las acusaciones de que intentó coaccionar a los trabajadores para que no entraran en la sede de la empresa, Alcázar ha manifestado no tener constancia de que nadie quisiera entrar y "el que quiso entrar entró". "Ejercemos el derecho de huelga, pero el que quiere entrar lo puede hacer", ha manifestado.

También ha explicado que hubo un tumulto y la Policía se introdujo dentro del perímetro de la empresa, por lo que intentó calmar la situación cuando escuchó siete disparos. "Lo de los disparos no lo había visto en la vida", ha añadido.

COMO EN LA DICTADURA

"La Policía dio palos a diestro y siniestro, como en la Dictadura, y me pregunto por qué actuaron así. No se agredió a la Policía, es falso que agrediésemos a la Policía, así que es una calumnia decir que yo he agredido a la Policía y es fácil buscar al culpable en el máximo dirigente sindical", ha agregado.

Otro de los acusados, Tomás García, ha relatado que no se pusieron de acuerdo para impedir que se entrara a trabajar y que no vio que se pegara a policías. Otro de los imputados, Rodolfo Malo, ha indicado que no se enfrentó a los policías, pero recibió un golpe muy fuerte durante la carga policial sin que oyera insultos contra los agentes.

Por su parte, Edgar Martín también recibió golpes "en el hombro y la espalda", pero ha relatado que no se planteó denunciar a la policía y que, pese a que no vio al autor de los golpes, el servicio médico de Airbus le aseguró que habían sido producidos por una porra.

El resto de los imputados también se han pronunciado en el mismo sentido, negando que se enfrentaran a la policía, algunos de cuyos agentes comparecerán como testigos en la sesión del miércoles.