El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), Jordi Turull, ha advertido este lunes de que si el Tribunal Constitucional (TC) toma medidas contra las conclusiones del proceso constituyente se estará "cargando el parlamentarismo", siguiendo "consignas políticas". Según Turull, el TC "nos tiene acostumbrados" a suspender resoluciones "políticas" y "sin efectos jurídicos", lo cual es "muy gordo" y "no se aguanta por ningún lado". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull ha dado por hecho que el alto tribunal suspenderá las conclusiones aprobadas la semana pasada por el Parlament y que abren la puerta a una vía unilateral a la independencia. "No nos dejarán ni opinar", se ha quejado Turull, que consideraría aún más grave que se tomaran medidas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido la votación.
La 'consellera' de la Presidència y vicepresidenta del Partit Demòcrata Català (PDC), Neus Munté, se ha referido también a la posible reacción este lunes del TC. En declaraciones a la cadena SER, Munté ha recalcado, al igual que Turull, que se trata de unas conclusiones "de carácter político", sin efectos jurídicos, por lo que a su juicio no tendría sentido que el TC las suspendiera, aunque "no sería la primera vez" que eso ocurre. Según Munté, las conclusiones "no vulneran" la Constitución, sino que "lo que están haciendo el Govern y el Parlament es obedecer y tirar adelante el mandato democrático" de las elecciones catalanas del 27 de septiembre pasado.
En una línea parecida, Anna Gabriel, diputada de la CUP en elParlament, ha defendido la no judicialización de un tema político y ha afirmado que "la principal característica del TC es que innova permanentemente, al margen de que haya o no base jurídica". La diputada 'cupaire' ha advertido de que "una eventual inhabilitación de cargos públicos supondría un punto de no retorno", algo ante lo cual, a su juicio, "el país respondería". Asimismo ha defendido nuevamente un referéndum unilateral de independencia en el primer semestre del 2017, aunque ha evitado presentarlo como una condición al Govern ante la moción de confianza, porque se trata de una reivindicación que viene avalada por "muchos otros agentes" como la ANC.
