Solo 15.000 personas han encontrado trabajo gracias al programa extraordinario de activación para el empleo (PAE) puesto en marcha por el Gobierno hace 18 meses, en diciembre del 2014, y que incluye entre otras cosas una ayuda de 426 euros para los parados con cargas familiares que hayan agotados todas las prestaciones. Casi 100.000 trabajadores se han beneficiado de esta prestación hasta el pasado 31 de marzo. En total, 108.774 desempleados se han acogido de una u otra forma a este plan extraordinario, una cantidad muy alejada de los 400.000 que prometió el Gobierno.

El secretario de Estrado de Empleo, Juan Pablo Riesgo se ha reunido este lunes con una delegación de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME para hacer balance, urgido por una carta que las centrales enviaron hace dos semanas a la ministra Fátima Báñez en la que le pedían la prórroga del plan que finaliza a mediados de este mes. Para Ramón Górriz (CCOO) y Carmen Barrera (UGT) los datos muestra el "fracaso" de las políticas del Gobierno del PP tanto en la creación de empleo como en la protección social.

MENOS PRESUPUESTO

Además de la escasa reinserción de desempleados, el programa ha dejado sin gastar varios millones de euros en el 2015 y ha visto muy reducido su presupuesto para este año.

Del crédito de 850 millones de euros con que se dotó al programa el año pasado, solo se gastó el 19%. Y de los 350 millones presupuestados para el 2016 de momento se lleva consumido el 6%.

Las centrales han pedido al Gobierno que prorrogue el plan seis meses y elimine las restricciones para acceder a este pan, por ejemplo, a los parados de larga duración de mayor edad.

"Que no se escude en que está en funciones ya que la Constitución le ampara para dictar un decreto ley, que sería ratificado por el actual parlamento porque se mantienen las misma situación de urgencia y precariedad" en el mercado laboral que hizo necesario el plan, en palabras de Górriz.

Barrera, la nueva responsable de empleo y Seguridad Social del equipo de Josep María Álvarez, criticó al Ejecutivo por "instrumentalizar" un acuerdo que es fruto del diálogo social y denunció que el ministerio pretendía dar otro fin a estos fondos sobrantes y a los presupuestados.