La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, junto con los otros 15 inculpados por el ‘caso Nóos’ han empezado a declarar este martes, 9 de febrero. Desde las 9.15 horas y durante todas las mañanas previstas para la celebración de la vista oral (hasta el 26 de febrero), los acusados acudirán al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, donde se celebra el juicio y situado a escasos metros del centro penitenciario de Mallorca.

El tribunal tomará declaración a los 17 imputados, después de la absolución de uno de ellos (Miguel Tejeiro, cuñado de Diego Torres), de forma sucesiva según el orden establecido, que coloca a la hermana del Rey la última de la lista. Además de la infanta y Urdangarin, entre los acusados se encuentran exaltos cargos de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valencianay antiguos miembros del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro a través de la cual presuntamente se desviaron 6,6 millones de euros.

Estos son los 17 acusados, respetando el orden de declaración propuesto por el Ministerio Fiscal:

José Luis ‘Pepote’ Ballester. El exdirector general de deportes del Gobierno Balear se enfrenta a una pena de dos años de prisión. Ballester fue campeón olímpico de vela en los Juegos de Atlanta de 1996 y amigo personal de los que fueron duques de Palma, y facilitó el contacto entre el Instituto Nóos y la Administración balear. Como la mayoría de los imputados, está acusado de cuatro delitos distintos: prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Se prevé que, por su colaboración en la investigación del caso, evitará la pena de cárcel.

Gonzalo Bernal. Fue gerente de la Fundación Illesport y se le acusa de los mismos delitos que Ballester por la presunta contratación irregular del Instituto Nóos. La Fiscalía, la Abogacía de Baleares y Manos Limpias solicitan para él entre ocho y 11 años de reclusión.

Juan Carlos Alía. Exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), podría ser encarcelado entre cuatro y 11 años. Se le acusa de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por haber encargado al Instituto Nóos la organización de dos foros de deporte y turismo.

Miguel Ángel Bonet. Fue jefe del departamento jurídico del Ibatur y actualmente cumple una condena de dos años de cárcel por el ‘caso Ibatur’. Se enfrenta ahora a entre cinco años y medio y 13 por los mismos cuatro delitos que el resto de los acusados.

Jaume Matas. Fue presidente del Ejecutivo y del PP balear y, entre los años 2000 y 2003, ministro de Medio Ambiente. Después de cumplir una pena de nueve meses de cárcel el pasado año por otra causa, podría ser condenado ahora a 11 años de no concretarse un trato para atenuar la pena.

Marco Antonio Tejeiro. Es el cuñado de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín al frente del Instituto Nóos, y contable de la entidad. Alcanzó también un acuerdo con la Fiscalía, por el que acusó a Urdangarín y a Torres de crear una red corrupta a cambio de reducir la pena de cárcel solicitada a dos años. Manos Limpias pide 11 años.

Jorge Vela. Entre seis y 11 años de prisión puede ser la pena impuesta al exdirector gerente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, también por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Elisa Maldonado. Fue la directora de gestión de CACSA y la condena máxima que se le puede imponer por los cuatro delitos es también de 11 años. En su primera declaración policial, aseguró que Vela le ordenó amañar un informe para dar apariencia de legalidad a la contratación del Instituto Nóos. Sin embargo, se retractó de estas palabras ante el juez instructor de la causa, José Castro.

osé Manuel Aguilar. Otro de los acusados de la rama valenciana del caso es el que fue director de CACSA, que se enfrenta de seis a 11 años de prisión. Supuestamente autorizó a cofinanciar el foro promovido por el Instituto Nóos junto con la entidad pública municipal Valencia Turismo Convention Bureau.

Luis Lobón. El exsecretario autonómico de eventos de la Comunidad Valenciana podría ser condenado a entre ocho y 11 años de reclusión. Se le acusa de los cuatro delitos por contratar al Instituto Nóos para organizar los foros Valencia Summit e impulsar la candidatura de Valencia ser sede de unos Juegos Europeos.

Mercedes Coghen. La presunta donación de 120.000 euros a la FDCIS, la entidad heredera del Instituto Nóos, por parte de la que fue consejera delegada de la candidatura de Madrid para organizar los Juegos Olímpicos de 2016, le puede costar de seis años y medio a nueve de cárcel.

Ana María Tejeiro. Es la esposa de Diego Torres y responsable de personal del Instituto Nóos. La Fiscalía solicita dos años de prisión para Tejeiro, mientras que Manos Limpias pide 19 años y medio. Su defensa ha argumentado reiteradamente la diferencia de trato que ha recibido Tejeiro con respeto a la infanta Cristina, aunque su implicación en la entidad sin ánimo de lucro era mucho mayor que la de la hermana del Rey.

Diego Torres. Presidió el Instituto Nóos junto a Iñaki Urdangarín y está imputado por un total de 24 delitos de nueve tipos distintos: prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales. Por todo ello, las acusaciones piden para él entre 16 y 22 años y medio de cárcel.

Iñaki Urdangarin. El cuñado del Rey es el imputado del ‘caso Nóos’ que se enfrenta a una pena de prisión más larga: entre 19 y 26 años y medio. El marido de la infanta Cristina cometió presuntamente un total de 25 delitos a través del Instituto Nóos y el entramado de empresas ficticias creadas alrededor de este.

Alfonso Grau. Fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y se le acusa de contratar de forma irregular el Instituto Nóos a través de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que él mismo presidía. Puede ser condenado a un máximo de 11 años en la cárcel.

Salvador Trinxet. El sindicato Manos Limpias le acusa de blanqueo de capitales durante su etapa como asesor fiscal colaborador en la creación de la red de empresas vinculadas a Nóos y que presuntamente habrían servido para que los principales imputados evadieran dinero al fisco. Se enfrenta a tres años de reclusión.

Cristina de Borbón. Pese a los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, que solo piden responsabilidad civil para ella, la Audiencia decidió no concederle la ‘doctrina Botín’. Es por eso que la infanta ha empezado la vista oral del juicio todavía sentada en el banquillo de acusados. Manos Limpias la acusa de cooperar en dos delitos contra la Hacienda Pública presuntamente llevados a cabo entre los años 2007 y 2008. El sindicato solicita ocho años de cárcel y una multa de dos millones de euros.