Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, los dos últimos alcaldes del Partido Popular en Alicante, serán procesados por un presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad junto al empresario Enrique Ortiz, al que presuntamente facilitaron información privilegiada recibiendo a cambio de un viaje a Creta y tres apartamentos en el caso de Alperi y de varios viajes y un Mini en el de Castedo.

Se trata de una pieza separada que se creó en 2010 a raíz de las escuchas telefónicas autorizadas en el 'caso Brugal' y que ha ido pasando por distintos tribunales por la condición de aforados de los ex alcaldes. Finalmente, la causa ha regresado al juzgado de instrucción número 5 de Alicante, en el que estaba originalmente y cuyo magistrado ha citado este martes a todas las partes implicadas para entregarles el auto.

Fuentes conocedoras del mismo, confirmaron a Efe que tantos los políticos como el empresario serán procesados por delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada. Ya en el auto que realizó en 2012, el juez Manrique Tejada reflejaba que Ortiz consideraba a ambos políticos "amigos" y recogía conversaciones con Castedo en la que le anunciaban que le habían "apañado" algunas situaciones. Además, Ortiz se jactaba en algunas conversaciones de su capacidad para influir en el diseño final del proyecto para beneficiarse.

Hace apenas un mes se archivó definitivamente el 'caso Rabasa' y exculpó definitivamente a Castedo y a Ortiz de esta otra pieza separada del 'Caso Brugal' que llevó a la política a dimitir de su cargo en diciembre de 2014. El anuncio se produjo a los pocos días del fallecimiento de Rita Barberá, la ex alcaldesa de Valencia, y Castedo en una entrevista en Espejo Público, aseguró entre lágrimas que ambas habían sufrido una presión mediática similar y lamentó que pase lo que pase ella quedará "como una corrupta".