El Tribunal Supremo empezó en noviembre a revisar las condenas impuestas por la Audiencia de Barcelona por el saqueo del Palau y durante el estado de alarma ha acabado de perfilar su sentencia. Prácticamente ratifica la anterior: confirma el comiso de 6,6 millones de euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por tráfico de influencias y las penas de 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones y de 7 años y medio de cárcel y multa de 2,9 millones, impuestas respectivamente a Félix Millet y Jordi Montull, quienes eran los máximos responsables de la institución. Ambos deben devolver, además, a las estructuras del Palau los 23 millones que saquearon.
Al ser firme la condena, la Audiencia de Barcelona debe decidir si ingresan en prisión ya o espera a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su ejecución, como previsiblemente solicitarán sus respectivas defensas.
Los pocos cambios que introduce la sentencia del Supremo, de 440 páginas, sobre la dictada en el 2017 consisten en rebajar en medio año la condena de la exresponsable financiera del Palau Gemma Montull, que queda en 4 años con multa de 2,6 millones de euros. Y la del extesorero de CDC Daniel Osàcar, que pasa de 4 años y 5 meses a 3 años y medio, al ser absuelto del delito de tráfico de influencias por el que también se le condenó. Se le mantiene la multa de 3,7 millones como autor de un delito de blanqueo en concurso con falsedad en documento mercantil y contable. La Sala rechaza el recurso de CDC contra el comiso porque no duda de que la conducta de Millet y Jordi y Gemma Montull «atendía a que lo pactado por la influencia, que era una comisión porcentual de la obra pública adjudicada, llegara a Convergència» y el Código Penal dice que «las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso».
