La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que "sería deseable" que los políticos y "los tonos en el debate público fueran más correctos", pero "el exceso no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal" y admitir a trámite una querella por sus manifestaciones. Ese es el criterio que mantiene en el auto en el que rechaza la querella presentada por el PSOE contra la diputada de Vox Macarena Olona por relacionar la muerte de ancianos durante la pandemia con la intención del Ejecutivo de regular la eutanasia.
El PSOE se querelló contra Olona por los delitos de injurias, calumnias y coacciones graves. El alto tribunal considera "comprensible la queja de la parte querellante", pero añade que "no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista en relación con la gestión de la pandemia".
El Supremo enmarca las palabras de Olona en "la queja por la actividad y la gestión pública", dentro de "la libertad de crítica en la contienda política". Y añade que aunque "verdad es que 'las formas son importantes', y pueden ser muchas veces no adecuadas y excesivas con arreglo a la línea que debe imperar en este tipo de confrontación pública, pero en el orden penal debe valorarse la crítica en este entorno de crítica política ante una concreta gestión más que con un dolo de calumniar".
Entiende que, aunque "el ánimo de censura pública de la gestión política debe hacerse en un contexto más mesurado", su "exceso no debe conllevar siempre y en cualquier contexto el reproche penal", porque aunque no sea "aconsejable en la paz y tranquilidad que debe presidir también la vida pública, el principio de intervención mínima del derecho penal conlleva a la no admisión de la acción penal".
En su auto la Sala Segunda explica que "la Constitución española, al articular un sistema de valores, donde se introducen la libertad de expresión y opinión, estableció un control, quizás sin quererlo, de los gobiernos y de Administraciones Públicas en general y de los de carácter local en especial", a través del ejercicio de esas libertades. Añade que con "la crítica política y la denuncia pública de hechos irregulares en las Administraciones Públicas se puede llegar a realizar un control que puede suponer desde la incoación de diligencias penales hasta la adopción de medidas de respuesta inmediata por esos Gobiernos o Administraciones".
