El juzgado de Barcelona que investiga a altos cargos del cesado Gobierno catalán por los preparativos del referéndum unilateral del 1-O no se fía de la información que le están proporcionando los exresponsables de la Generalitat. Por esta razón, se ha amparado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución para requerir a los ministerios de Economía y Hacienda que procedan a dar «las órdenes oportunas» para que indiquen el coste económico de la consulta y de dónde salió el dinero para los gastos. El objetivo es averiguar si el cesado Ejecutivo de Carles Puigdemont destinó fondos públicos para sufragarla y, por lo tanto, se habría cometido un delito de malversación.

El Gobierno español deberá ahora bucear en las cuentas de la Administración autonómica para revisar las partidas presupuestadas, así como los contratos efectuados antes de la celebración del referéndum. Los investigadores sospechan que algunos gastos podrían estar camuflados en adjudicaciones genéricas. De entrada, la Guardia Civil ha acreditado que se pagó, al menos, medio millón de euros en anuncios publicitarios.

GASTOS / El pasado 30 de octubre, el juez solicitó a la Consejería de Economía de la Generalitat, a petición de la Guardia Civil, que informase sobre los gastos que originó la consulta al erario público, detallando las partidas y los departamentos en que se imputaban. En concreto, se pidieron datos referentes al pago de informes previos a la celebración del 1-O; de la publicidad en los medios de comunicación, de la creación de los eslóganes relacionados con la consulta y de su difusión. El magistrado también se interesó por el coste de las urnas, papeletas, sobres, gastos de envío del censo electoral, de las webs creadas para difundir el 1-O y de los soportes informáticos para escrutinio y verificación de los votos emitidos. En esta petición se añadía la del gasto vinculado con el traslado y la estancia de los distintos observadores internacionales invitados.

RESPUESTA NEGATIVA / El departament que dirigió Oriol Junqueras antes de ser cesado remitió esta solicitud a todas las áreas de la Administración autonómica. La respuesta que recibió la Consejería de Economía, y que el 17 de noviembre se remitió al juzgado, fue que el Gobierno de Puigdemont no se había gastado ni un euro en relación al 1-0. «No se ha efectuado ningún gasto de los relacionados», fue una de las comunicaciones recibidas. El resto fueron similares, aunque algunas áreas fueron más allá y alegaron que no «tenían conocimiento que conste» gastos «vinculados con la realización de la consulta del 1 de octubre del 2017». Es decir, en la contestación se afirma desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del referéndum unilateral prohibido por el Tribunal Constitucional.

La contestación remitida al juzgado por la asesoría Jurídica de la Consejería de Economía no ha convencido al magistrado. Por eso, ha acordado recurrir al artículo 155 de la Constitución, por el que el Gobierno español asumió el 27 de octubre la gestión de la Generalitat y cese del Gobierno de Puigdemont, para requerir a los ministerios de Economía y Hacienda que le informe sobre los gastos del referéndum de una forma «exacta y puntual». El magistrado, que cita en su resolución expresamente el referido artículo, se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que traslade su petición a Madrid.

PAGOS EN EFECTIVO / Los investigadores sospechan que también se pudieron hacer pagos en efectivo, de los que no quedan rastro. En este sentido, la Guardia Civil ha solicitado al juez que necesota acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, para conocer las cuentas bancarias de personas relacionadas con la preparación y ejecución del referéndum unilateral. El magistrado, sin embargo, ha requerido a los miembros del instituto armado, con carácter previo, que detallen las personas físicas y entidades a las que hace referencia.