El Tribunal Supremo tiene previsto reunirse este jueves para pronunciarse sobre la situación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró que adquirió la condición de eurodiputado tras resultar electo.

Su futuro inmediato está en manos de dos de las cinco Salas del alto tribunal: la de lo Contencioso, encargada de revisar la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de declararle inelegible tras la sentencia del 'procés' que le condenó a 13 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación, y la de lo Penal, compuesta por los siete jueces que precisamente dictaron ese fallo.

Los cinco magistrados que forman la Sección Cuarta de la Sala Tercera se reunirán este jueves a partir de las 10 horas para cumplir con el plazo de 48 horas que la ley prevé para resolver de forma cautelarísima, es decir, sin oír al árbitro electoral ni a quienes actuaron en el procedimiento electoral el recurso interpuesto por Junqueras contra la decisión de la JEC.

Según las fuentes consultadas, aunque lo habitual es que este mismo jueves den a conocer su resolución, no se puede asegurar al 100%. Junqueras justifica la urgencia que reclama en el daño irreparable que se le causaría a él y a sus electores en el caso de que no se revoque la inelegibilidad y corra la lista europea.

La del 'procés'

Y con la premisa de resolver "lo antes posible", con el límite de pronunciarse antes de acabe la semana, los siete magistrados que juzgaron el 'procés' tendrán que decidir el efecto que tiene sobre la situación de Junqueras la resolución del TJUE que se conoció el pasado 19 de diciembre.

Ese fallo partió, además, de la iniciativa de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al resolver el recurso de súplica interpuesto por la defensa de Junqueras contra la negativa a dejarle salir de prisión para ir al Congreso y tomar posesión del escaño de eurodiputado.

La fiscalía del alto tribunal no esperó a recibir el requerimiento para informar a favor de que Junqueras permanezca en prisión, porque fue condenado en firme en una sentencia que el Supremo debe enviar lo antes posible al Parlamento europeo para comunicar oficialmente la pérdida de condición de diputado de esa Cámara del líder independentista.

La Abogacía del Estado, por su parte, fue coherente con la posición que había mantenido en junio y propuso que se le excarcele, con las medidas de seguridad necesarias para evitar su huida, para que pueda realizar los trámites imprescindibles para que tome posesión de su escaño tanto en el Congreso como en la Eurocámara. Al mismo tiempo debe solicitarse al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad que le confiere esa condición en virtud de la condena impuesta por el alto tribunal.