El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Francesc Homs por la consulta del 9-N considera que hay indicios de que el actual diputado del PDECat en el Congreso cometió los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa --este último delito puede conllevar penas de prisión-- con su participación en la organización del proceso participativo.

En auto hecho público este jueves, el juez da por concluida la fase de instrucción y da ahora 10 días a la fiscalía para que decida si solicita la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de las actuaciones.

Los hecho, considera el magistrado Andrés Palomo, "indiciariamente (...) resultan constitutivos de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa". Según el juez, Homs, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, "no suspendió ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta ni siquiera los que dependían directamente del Departament de la Presidència del que era titular". Y, continúa el auto, no solo no suspendió, sino que "potenció (...) el desarrollo del denominado proceso participativo".