La socialista Susana Díaz continúa con su día a día en Andalucía y perfilando su estrategia, también para erosionar al Gobierno central, aparentemente sin haber adoptado aún la decisión sobre si su futuro en el PSOE está ligado, o no, a la secretaría general del partido. Atención a la campaña que está dispuesta a hacer próximamente en defensa de su decreto para el retorno a la jornada de 35 horas de los funcionarios, en principio andaluces, pero sin descartar aprovechar el debate sobre los Presupuestos del Estado para extenderlo a todo el país. Avisan también desde su entorno que a unas horas de que la ministra Fátima Báñez comparezca ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Díaz tomará nota de los planes que en materia de pensiones de viudedad tenga el Gobierno, puesto que esa sería otra de las banderas que puede coger y a agitar con fuerza contra Mariano Rajoy. A priori, sin moverse de Sevilla salvo cuando sea imprescindible.
Las fuentes consultadas confirman que más allá de las entrevistas en medios nacionales que la presidenta andaluza ha vuelto a aceptar tras meses de voluntario retiro, ahora marcará líneas de oposición al PP. Eso, mientras personajes como Felipe González le lanzan guiños sobre sus potenciales capacidades como futura jefa del PSOE y otros se preguntan si no se habrá quemado ya en demasía en la reciente guerra con Pedro Sánchez, saldada con una dimisión y la llegada de una gestora para guiar a un partido sin liderazgo, dividido y seriamente herido.
AVAL A GESTORA Y CONFERENCIA
"Yo estaré donde quieran mis compañeros cuando llegue el momento", se limita a apuntar ella sobre su hipotético salto a Madrid. El "momento" al que alude es el del próximo congreso que su organización tiene pendiente, ese que los afines al defenestrado Sánchez urgen a que se convoque cuanto antes. El mismo para el que la gestora parece no tener prisa alegando que ahora toca rehabilitar el proyecto, dando los primeros pasos en una conferencia interna.
Así, mientras unos socialistas le dan vueltas al calendario, otros como Sánchez y sus fieles se disponen a arrancar en breve su vuelta a España en busca de apoyo militante. Terceros, como el veterano Ramón Jaúregui, reclaman ya abiertamente una única candidatura para un cónclave que podría retrasarse hasta mayo o junio y los hay, además, que reflexionan sobre si perfiles como el de Patxi López (a la espera de que otros nombres vayan incorporándose a las quinielas) pudieran suponer una salida para el PSOE. Ante todo esto, Díaz -favorita y con más apoyos para poder ser secretaria general-, se limita a avalar la labor de la gestora, en manos de su amigo Javier Fernández. Y asegura estar en otra cosa en estos momentos. Como el diseño de la defensa a cara de perro del decreto de las 35 horas que la Junta acaba de aprobar y que, en enero, debería suponer para 270.000 andaluces retomar el horario semanal que tenían antes de que, en el 2012, el equipo de Rajoy impusiera las 37,5 horas a la función pública para hacer frente al peor momento de la crisis.
EL TC Y LOS TERRITORIOS
Pero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó una reciente visita a la capital hispalense para recordar que este decreto andaluz choca con la doctrina del Constitucional. Y para dejar caer que, aunque se va a iniciar una fase de diálogo entre administraciones a fin de evitar el choque frontal en este campo, no se descarta apelar al alto tribunal. Y es que el Ejecutivo central ya recurrió con éxito el intento de Castilla-La Mancha de implantar la misma medida que ahora Susana Díaz ha aprobado con apoyo de Podemos e IU (y la satisfacción de los sindicatos) y la abstención de PP y Ciudadanos.
Pero la presidenta de Andalucía tiene claro, dicen, que si el Gobierno mueve ficha ante el Constitucional, ella replicará haciendo que el PSOE reclame en las Cortes que Rajoy derogue el decreto que dio lugar a las 37,5 horas y devuelva su jornada original a los funcionarios de toda España. La vía para hacerlo sería la presentanción de una enmienda al proyecto de presupuestos. "¿Cuántos grupos se atreverían a votar no a eso en el Parlamento en esta legislatura?", se preguntan los socialistas.
El tema es de fondo y dará mucho que hablar. Hay más de tres millones de trabajadores públicos en el Estado y, según datos delCSIF --que hace caballo de batalla de esta reivindicación--, varios territorios ansían caminar en la misma dirección que Díaz. La Lehendakaritza y el ayuntamiento madrileño ya lo hicieron y están pendientes de recursos ante el TC. En Castilla y León (gobierna el PP), La Rioja y Cataluña, el asunto está solicitado o sobre una mesa de negociación. Se avecina tormenta.
