Los madrileños celebran este miércoles su fiesta regional, pero la recepción oficial de este Dos de Mayo tendrá poco de alegre. La verdadera protagonista de todos los corrillos, la ya expresidenta Cristina Cifuentes, no estará. Dimitió el pasado miércoles al publicarse un vídeo que supuestamente demuestra que robó en un hipermercado en 2011. Una grabación celosamente guardada desde hace siete años y que formaba parte de un dossier, uno de tantos que con más o menos pruebas en la última década y media han circulado por despachos y redacciones. Y lo han hecho con el conocimiento y a veces complicidad (eso como poco) de políticos madrileños para enfrentarse a otros colegas, a menudo del mismo partido. A eso se suma la trama de espionaje que nació y funcionó dentro de Comunidad de Esperanza Aguirre, pagada con fondos públicos, y que en unos meses será juzgada por un tribunal.

Mariano Rajoy tuvo ocasión de poner punto y final a estas prácticas hace nueve años, en febrero del 2009. El presidente llegó a dar la orden de investigar qué pasaba. La encomienda recayó en Dolores de Cospedal, que había llegado a la secretaría general del PP hacía unos meses, pero el impulso regenerador duró poco. Rajoy mandó detener la misión 10 días después de que Cospedal empezara a recabar información e interrogara a los afectados.

Pese a que hacía entonces un año había amagado con enfrentarse a él para liderar el partido en vísperas del congreso de Valencia, el político gallego cedió ante Aguirre y dio carpetazo a la investigación interna a cambio de que el PP madrileño abriera una comisión en la Asamblea regional, que controlaba con mayoría absoluta. Consiguió una investigación a la carta que cerró en un mes, sin escuchar a las víctimas, y que concluyó que no hubo espionaje sino una campaña periodística contra Aguirre.

EL CASO DEL ESPIONAJE / En esta primera tregua concedida a la lideresa, el político gallego perdió la oportunidad de levantar alfombras, aclarar los espionajes madrileños y terminar con los dosieres en torno al PP de Madrid que, ya desde el 2003 con el tamayazo (cuando la fuga de dos diputados socialistas provocó repetición de elecciones y dio la oportunidad a Aguirre de ganar en las urnas la presidencia) corrían de mano en mano. Cifuentes es la última víctima de este sistema.

Gracias a la prensa, en enero del 2009 se supo que trabajadores a sueldo de la Consejería de Interior (dirigida por Francisco Granados) habían hecho seguimientos a políticos con los que la lideresa se llevaba abiertamente mal, como Manuel Cobo (número dos del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, enemigo acérrimo) y el exconsejero Alfredo Prada.

A esos espionaJes se sumaron por aquellos años otros, realizados en Colombia por detectives privados y que tenían como protagonista a Ignacio González, vicepresidente de Aguirre por aquellas fechas. González siempre sospechó que detrás estaba Granados (investigaciones policiales posteriores apuntaban a su entonces amigo, el empresario David Marjaliza, como posible pagador de los trabajos) que dieron lugar a otro dosier en los que se detallaban sus hipotecas o sus hipotéticos negocios sucios con la empresa pública de aguas Canal de Isabel II.

ACUMULACIÓN DE ESCÁNDALOS / Pese a todo, Rajoy dejó la misión de limpieza en Madrid a la propia Aguirre. Corría el 2 de febrero del 2009 y la priroridad para el líder popular pasó a ser otra: estalló la ‘trama Gürtel’. El 6 de febrero era detenido Francisco Correa, el empresario cabecilla de la red.

El presidente mantuvo a Aguirre al frente del partido regional incluso en el 2012, cuando ella delegó la presidencia de la Comunidad en su delfín, González. En ese momento, Rajoy volvió a ceder y le permitió abandonar el Ejecutivo autonómico y seguir en el PP. En ese puesto, Aguirre tuvo un trampolín para aspirar a la alcaldía y poder para confeccionar las listas a las autonómicas en 2015 . Por esa razón, ahora, cuando Génova busca en la bancada popular a un sustituto de Cifuentes se encuentra con dificultades no solo por el currículum, que quieren impecable, sino también por el elevado número de aguirristas que ocupan escaños.

COLABORADORES ENTRE REJAS / Aguirre siguió controlando el PP de Madrid hasta hace dos años, febrero del 2016, cuando dimitió después de que la Guardia Civil registrara la sede regional por posible financiación ilegal en la operación Púnica, una trama que meses antes había llevado a la cárcel a Granados, antaño uno de sus principales colaboradores. Meses después también acabó tras los barrotes González por el caso Lezo.

Así, en pocos años, varios de los políticos que deberían haber sido investigados por Cospedal en aquella misión que Rajoy no dejó que acabara han pasado por la cárcel o han saltado de sus puestos al estar investigados o juzgados por diversos delitos de corrupción. El último episodio, Cifuentes. La ya expresidenta es diputada por el PP desde 1991 (con 26 años). Si durante casi tres décadas no quiso creer lo que veía, ahora lo está viviendo sin creérselo.