Si de los plenos del Tribunal Constitucional se acostumbran a esperar pocas sorpresas cuando abordan cuestiones relativas al proceso soberanista, en el de este lunes, que estudiaba el nuevo desafío del Parlament del pasado miércoles, aún menos. Y expectativas cumplidas. Así, el TC ha acordado suspender por unanimidad la ratificación en el Parlament de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
En un cónclave extraordinario y que ha durado apenas una hora, el TC ha admitido a trámite el incidente de ejecución de la sentencia presentada el pasado viernes por el Gobierno. Se dan ahora 20 días a las partes para que formulen las pertinentes alegaciones.
La suspensión, como bien recuerda el escrito del Constitucional difundido a los medios, es una "consecuencia automática" de la admisión a trámite del recurso del Gobierno, que invocó el artículo 161.2 de la Constitución que prevé este mecanismo.
El alto tribunal, asimismo, ha acordado notificar la resolución tanto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como al resto de miembros de la Mesa, al secretario de la Cámara, y al 'president' Carles Puigdemont y demás integrantes del Govern. En estas notificaciones, los magistrados advertirán a todas estas autoridades "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
Por último, el TC requiere a Forcadell, el resto de miembros de la Mesa y el secretario del Parlament que informen sobre el cumplimiento de la resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el tribunal de las medidas previstas" en la ley orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.
MULTA DE 3.000 A 30.000 EUROS
Según la citada ley, si el Constitucional una vez reciba el informe de los requeridos aprecia que sus resoluciones se han incumplido total o parcialmente podrá adoptar diversas medidas que van desde la imposición de una multa de 3.000 a 30.000 euros, acordar la suspensión de sus funciones, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencia o abordar la vía penal para depurar responsabilidades.
El Gobierno en funciones centra buena parte de las responsabilidades en la presidenta de la Cámara catalana por desobedecer al alto tribunal y permitir el debate y posterior aprobación de las conclusiones de la comisión del 'procés'.
En su recurso contra la resolución del Parlament aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP, el Ejecutivo solicitó que esta fuera suspendida con carácter inmediato. También reclamó que Forcadell, así como el 'president' Carles Puigdemont y el resto de miembros del Govern, fueran apercibidos de que no pueden tomar medidas dirigidas a desarrollar la resolución, al entender que el alto tribunal ya anuló en una sentencia el pasado 2 de diciembre del 2015 ladeclaración soberanista aprobada el 9 de noviembre anterior.
Las medidas que propone el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se basan en la aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del Constitucional y que fue reformado el año pasado a iniciativa del PP. Según esta reforma, las autoridades e instituciones del Estado están obligados a cumplir los pronunciamientos del alto tribunal o de lo contrario se exponen a multas o incluso la suspensión de sus funciones.
