El pleno del Tribunal Constitucional y el del Parlament se han decidido a servir de ejemplo del dicho que el que no corre vuela, como si la inconstitucionalidad o no de las mociones y resoluciones de una Cámara autonómica dependiera exactamente del momento en el que se procede a su suspensión o su votación.

Con el precedente de la semana pasada, cuando el Constitucional se reunió de forma extraordinaria para suspender la tramitación de las resoluciones del Parlament a favor de la autodeterminación y para reprobar a Felipe VI, antes de que se votaran en el Parlament este martes, la Cámara legislativa ha decidido hacer lo propio adelantando su sesión plenaria a la mañana y a cambiar su orden del día para poder votar la moción de la CUP en el mismo sentido, pero que no había sido incluida en esa primera impugnación del Ejecutivo, sino en la interpuesta este último viernes.

El tribunal de garantías ha decidido adelantar su pleno a las 9.30 horas y proceder a suspender la moción de la CUP, al admitir a trámite los dos incidentes de ejecución de sentencia interpuestos por el Gobierno -aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Sin embargo, la notificación oficial al Parlament no se ha producido hasta después de que se celebra

Con esta decisión se suspende la vigencia de los Acuerdos de la Mesa del Parlament de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, que insisten en el derecho de autodeterminación y en el objetivo de la independencia. Ambas providencias advierten al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal.

La decisión del alto tribunal sigue en la línea de las anteriores en las que se advirtió al presidente de la Cámara Catalana, Roger Torrent, a su secretario y a los miembros de la Mesa de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir de no impedir y facilitar la tramitación de las leyes evidentemente inconstitucionales.