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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El TC tumba el referéndum del 1-0

Suspende la convocatoria y las leyes en las que se sustenta la consulta ilegal por cinco meses

 

El pleno del Tribunal Constitucional se reúne para estudiar los recursos del Gobierno - JUAN MANUEL PRATS

ÁNGELES VÁZQUEZ
07/09/2017

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado este jueves trámite a la batería de impugnaciones con las que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende echar por tierra las normas aprobadas el miércoles por el Parlament para articular el referéndum del 1 de octubre. La admisión a trámite conlleva la suspensión por cinco meses de la ley del 1-O, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias y el acuerdo por el que se designó a los miembros de la sindicatura electoral, lo que supone que todas ellas estarán fuera de juego de cara al día señalado por el Govern.

Las providencias de admisión del alto tribunal, conforme solicitaba el Ejecutivo, le han sido notificadas personalmente, además de al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y demás miembros del Govern, a la Mesa del Parlament, a su secretario general, al jefe de Publicaciones  y a la técnica del coordinación de la producción de publicaciones, así como a los miembros electos y suplentes de la sindicatura electoral. En la impugnación contra las normas complementarias el apercimiento se extiende a un millar de personas, porque incluye a los 947 alcaldes catalanes y a más de 60 cargos públicos, como los directores y subdirectores generales de la Generalitat, los responsables de los Mossos y los responsables de los medios públicos catalanes. El Gobierno también solicitaba que las providencias se publicaran en el Boletín Oficial de la Generalitat y en los periódicos oficiales autonómicos y estatal.   

El recurso contra la ley del referéndum solicitaba que se "advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de la ley impugnada". En la de normas complementarias se añaden "las consecuencias penales en que podrían incurrir de desobedecer dichas advertencias".

INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL

El Ejecutivo argumenta que "la ley impugnada se ve afectada por una inconstitucionalidad" total, "al ser el presupuesto del que parte la ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido, entrando en contradicción con preceptos constitucionales fundamentales". Insiste en que por eso debe ser anulada en "su conjunto, por conexión de todos sus preceptos puestos al servicio de una sola y misma función inconstitucional".

Asegura que "la evidencia palmaria de las gravísimas y evidentes vulneraciones del orden constitucional excusaría la necesidad de una exhaustiva y más profunda motivación", aún así dedica 70 páginas a que no quede ninguna duda que en el futuro pueda hacer caer su recurso. En la impugnación del decreto de convocatoria insiste en que se está ante "una de las mayores afrentas a la Constitución que por parte de un parlamento autonómico puede concebirse". Para el Ejecutivo, lo que ha hecho el Parlament es utilizar sobre "la base de una presunta y atribuida soberanía del pueblo catalán" para situarse "fuera del marco constitucional".