El 31 de julio de 1959 un grupo de jóvenes nacionalistas decidieron hacer frente al franquismo mediante la fundación de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad). Hay quien fecha el nacimiento de ETA un año antes, pero de lo que nadie duda es del macabro legado: 800 asesinados y más de 6.000 heridos, además de una larga lista de secuestrados y amenazados.

Precisamente, puede ser el próximo 31 de julio cuando la organización terrorista anuncie su disolución definitiva. Hace unas semanas, Gara publicó que tras meses de debates y votaciones, la reflexión de ETA se acercaba a su conclusión. La propuesta de la dirección es dar por concluido su «ciclo y función», en coherencia con los pasos previos que han dado la izquierda aberzale y la banda.

ETA anunció el 20 de noviembre del 2011 el fin de su actividad armada, obligada por el acoso policial, judicial, político y social. El atentado de la T-4 de Barajas, en diciembre del 2006, supuso un punto de no retorno. Al romper el alto el fuego permanente declarado en marzo de ese año, abortó definitivamente toda posibilidad de diálogo y se distanció de la izquierda aberzale, que con Arnaldo Otegi a la cabeza apostaba por cerrar la violencia. El propio Otegi, que logró que la decisión del grupo político se impusiera a la de la organización armada, entró en prisión en junio del 2007.

Entre el 2007 y el 2010, ETA mató a 10 personas más. El último, un policía francés, en un tiroteo con tres terroristas. Pero para entonces se había preparado ya un camino para el final de ETA; tuvo especial peso la Declaración de Bruselas, en marzo del 2010, suscrita por personalidades como los Nobel Desmond Tutu, Frederik De Klerk, Mary Robinson y John Hume.

Respaldó la apuesta de la izquierda aberzale por el uso de medios «exclusivamente políticos y democráticos» y reclamó a ETA un alto el fuego «permanente y verificable». ETA siguió el guion y declaró un año después el final del terrorismo. Entre tanto, los aberzales fueron dando pasos para reconocer el dolor provocado por ETA, mientras el colectivo de presos reconocía «el daño causado» y aceptaba un proceso escalonado, acatando la legislación española, para «vaciar las cárceles».

Pero las sucesivas operaciones policiales, así como la negativa de Madrid y París a pactar una entrega de armas, han amenazado con eternizar la disolución. El 8 de abril del 2017, ETA entregó a Francia la localización de sus arsenales. Desde entonces, la banda ha debatido cómo poner punto final. La dirección ha propuesto un texto que debe ser aprobado en su globalidad, por lo que se espera un resultado inequívoco y de materialización inmediata.