El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar las "amenazas" del Tribunal Supremo que a su entender han provocado la denegación de un permiso para que los los líderes independentistas presos pudieran pasar el confinamiento en sus domicilios. Asimismo, la Generalitat ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación sobre estas "coacciones".

Así ha reaccionado Torra después de que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas denegaran a los presos independentistas un permiso para pasar el confinamiento del coronavirus en sus casas, algo que sí permitieron a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La Generalitat anunció el martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el Tribunal Supremo advirtió que si se enviaba a casa a los líderes del 'procés' los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.

En su carta, Torra subraya que el pasado 25 de marzo Bachelet manifestó públicamente que "ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos".

Según Torra, eso no ha sido posible "cumplirlo" en el caso de los líderes independentistas porque el Supremo "advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal". "Las amenazas del Tribunal Supremo fueron vertidas porque esta medida afectaría, entre otros, a los presos políticos catalanes que actualmente cumplen condena en dos concretas prisiones catalanas", afirma en su misiva a Bachelet.

Y añade: "Como abogado que soy, estoy convencido de que mantenerles en prisión a riesgo de su salud y poniéndoles en riesgo vital implica una clara vulneración" de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

CAPELLA PIDE A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE

En esta línea también se ha expresado la 'consellera' de Justicia, Ester Capella, que ha pedido a la Fiscalía que investigue este "hecho inaudito" en la actuación del Tribunal Supremo. Capella considera "inaudito" que el Tribunal Supremo "amenace" y "coaccione" a las juntas de tratamiento de las cárceles para "influir" en su decisión sobre los presos del 'procés'".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la titular de Justicia ha considerado "inaudito" y "sorprendente" que el Supremo "se salte las reglas del juego" propias de un Estado democrático tratando de "influir" en las decisiones de las funcionarios de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas.

"No sé qué hubiese pasado si (estos funcionarios) no hubiesen recibido wasaps del Tribunal Supremo, pero estos deben poder hacer su trabajo sin amenazas ni coacciones", con "serenidad y criterios objetivos", ha dicho Capella, quien cree que las juntas de tratamiento han hecho una interpretación "estricta" de la normativa.

Capella, además, ha criticado que el Estado "se haya saltado" también las recomendaciones de la ONU y de otros organismos internacionales: "Estamos en una emergencia sanitaria y seguimos con la excepcionalidad de decisiones incomprensibles fuera del Estado de derecho", ha denunciado.