Puertas cerradas. Hacia fuera y hacia dentro. Esta es la conclusión de la primera conferencia que ofrece Quim Torra como presidente de la Generalitat en Madrid. Un acto que no arrojó ninguna vía de salida dialogada al conflicto catalán y sí muchas amenazas de volver al unilateralismo. Amenazas que Torra no concretó y que cayeron en saco roto ante la ausencia de ningún destacado representante del Gobierno, y también ante el escepticismo con el que fue recibida la intervención incluso en parte de los representantes de JxCat que acudieron a arropar al jefe del Govern en un lujoso hotel madrileño, en el que las ausencias incluyeron también al PNV y a Podemos. Por descontado, ni el PP ni Ciudadanos tuvieron interés en escuchar al mandatario catalán.

Torra no se esforzó en hacer amigos. Denunció la falta de calidad democrática del Estado en cuya capital intervenía e hizo responsables a los españoles de la necesidad de optar a una democracia de mayor calidad. No solo eso, sino que cerró la puerta a la posibilidad de escuchar una oferta de nuevo «encaje» en la legalidad española. «Solo esperamos democracia», zanjó, dando a entender que España carece de ella. No en vano el título de la conferencia era ¡Democracia!, con signos de admiración.

Al Gobierno central, el mensaje fue, pues, el de una amenaza inconcreta: poner rumbo a la independencia tras la sentencia del 1-O y ejercer la «desobediencia civil» y la «resistencia no violenta». A ese empeño dijo Torra que no renunciará aunque sea multado o inhabilitado.

«No aceptaremos la sentencia y actuaremos en consecuencia, y en coherencia con nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer, es el fundamento del ho tornarem a fer (volveremos a hacerlo). Es mi deber y lo cumpliré más allá de multas, inhabilitación o cualquier otra amenaza», solemnizó.

CALCO DE PUIGDEMONT / Citó a Carles Puigdemont -de hecho, sus tesis son un calco de las de su predecesor, escritas en el libro Reunim-nos- para desplegar una amenaza de confrontación con el Estado a la que no dio cuerpo ni forma. Sugirió la posibilidad de una huelga general -que la consejera de Empresa, Àngels Chacón rechazó a las pocas horas porque perjudicaría a la economía catalana-, citó las protestas de Hong Kong en tono elogioso y puso por delante los derechos civiles y nacionales catalanes por encima de la «dura legalidad española».

Puso también el acento en volver a ejercer los derechos negados. ¿Cómo? No quiso precisarlo. Eso sí, lanzó proclamas como la de que «la no cooperación con la injusticia es una obligación moral».

Esta estrategia, la del enfrentamiento, la unilateralidad y el rechazo a avanzar las elecciones, no la comparte su socio de Govern, ERC -que envió a la consellera de Salud, Alba Vergés, y varios diputados a la conferencia-. Preguntado sobre esta discrepancia frontal, Torra evitó polemizar con los republicanos. Tampoco un sector del PDECat coincide con la voluntad de Torra y Puigdemont (quien en una reunión en Bruselas esta semana ha animado a los suyos de nuevo a la confrontación contra el Estado) porque creen que no tiene posibilidades de prosperar.

Torra combinó sus críticas a la falta de derechos humanos, cívicos y sociales con una referencia a la voluntad de seguir abierto al diálogo con el Gobierno. Un diálogo, eso sí, condicionado a que se pueda abordar la autodeterminación. Y combinado con un portazo ya anunciado: el no de JxCat a Pedro Sánchez si vuelve a intentar ser investido presidente en los próximos días.

Un veto basado en el rechazo del líder socialista al referéndum, algo que, a juicio de Torra, es «una decepción».