Aunque esta vez tenía más margen, el Tribunal Constitucional ha decidido no perder ni un minuto para evitar el referéndum del 1-O. Su pleno ha admitido a trámite este martes los dos últimos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del interpuesto contra la ley de transitoriedad, que prevé el marco para constituir una república catalana tras la consulta ya vetada, y de la impugnación contra el código tributario para crear una hacienda catalana.
La admisión a trámite supone la suspensión automática de ambas leyes por un periodo de cinco meses prorrogables. Se suma a las ya acordadas la semana pasada por el alto tribunal que anularon el andamiaje jurídico con el que el Parlament quería cimentar el refereéndum. En esta ocasión las resoluciones del Constitucional serán notificadas al Govern, la Mesa de la Cámara y los miembros de la sindicatura electoral, como solicitaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy en su impugnación contra la ley de transitoriedad.
El recurso del Gobierno argumentaba que su aprobación por 71 diputados -que ni siquiera son los necesarios para reformar el Estatut- supone un abuso «de forma descarada» del Parlament para «fines espurios». Se trata de un documento «inexistente por ser de contenido imposible», ya que regula el establecimiento de una república catalana, a través de un proceso denominado «desde la ley a la ley», con el que se pretende constituir una «legalidad catalana» al margen del Estatut y de la Constitución.
La Abogacía del Estado explicaba que la proclamación de una república, tras la celebración de un referéndum, ya vetado, respecto del que la ley parece «adivinar» que su resultado será favorable a la independencia, supone que el Parlament «se arrogue un poder, del que indudablemente carece en nombre el pueblo catalán, al que imputa la soberanía nacional» que no tiene.
El pleno del Tribunal Constitucional también ha estudiado el recurso de súplica presentado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra el rechazo de plano de su recusación contra los 12 magistrados que conforman el alto tribunal.
