P ablo Iglesias tiene un nuevo frente judicial abierto. Tras la imputación de Podemos como partido y tres de sus dirigentes por posibles irregularidades en la financiación, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha puesto en el punto de mira los gastos electorales de la formación, donde cree haber visto «indicios sugerentes de responsabilidad penal». En concreto, el organismo fiscalizador ha solicitado a la justicia ordinaria que investigue el contrato que realizó Unidas Podemos con la consultora Neurona Consulting para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril del 2019 al apreciar un posible delito de fraude electoral y de falsedad documental en las cuentas aportadas por la formación.

El fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, pidió al partido morado más información sobre la contratación de esta empresa. Sin embargo, como desveló ayer la cadena SER, pese a la nueva documentación aportada, Torres considera en su escrito que no están suficientemente acreditados los servicios facturados por Unidas Podemos a la consultora Neurona por importe de 363.000 euros en un contrato firmado el 6 de mayo del 2019 y sospecha que pudo ser simulado.

Se hace hincapié, además, en que «al fiscal le llama la atención que Neurona Consulting se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo del 2019, unos 15 días antes de facturar a Unidas Podemos. O el hecho de que no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas».

Durante la fiscalización de los gastos de los comicios de la primavera del 2019, «se solicitó a la formación sucesiva información en relación al gasto [290.000 euros]. En ese primer momento, el fiscal consideró que pese las alegaciones aportadas por Unidas Podemos –vídeos y diseños publicitarios– no quedaba «suficientemente acreditada su efectiva elaboracion por parte del proveedor».

Torres, que carece de competencias penales, ha instado a la justicia ordinaria a indagar la contabilidad de Podemos en los comicios de 2019 y, en concreto, la facturación de servicios con Neurona Consulting.

Tras conocerse la sospecha, el PP exigió la «dimisión» o el «cese» de Pablo Iglesias y que el vicepresidene de explicaciones en el Congreso. H