El Tribunal de Cuentas reclama 4.146.274 euros a 28 personas por los fondos públicos presuntamente destinados a la celebración del 1-O. En concreto se dirige a todos los miembros del Govern del huido Carles Puigdemont -tanto los que fueron condenados por el Tribunal Supremo como los que se encuentran en rebeldía- y a varios exaltos cargos de la Generalitat. De la cantidad obtenida en la liquidación provisional, 3.903.294 euros corresponden a los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980, a los intereses desde el 2017 hasta ahora.

El órgano fiscalizador celebró durante seis horas una vista en la que las defensas conocieron la cifra calculada por la instructora del procedimiento. Tras ella, tres de los altos cargos de la Generalitat a los que se reclamaba parte de lo desviado han quedado fuera del procedimiento. No ha ocurrido así con los exconsejeros absueltos de malversación por el Tribunal Supremo en la sentencia del procés: Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila fueron solo condenados por desobediencia, al entender que no hubo gasto desde sus departamentos, aunque firmaran el acuerdo para su reparto de septiembre del 2017.

DIPLOMACIA EN EL EXTERIOR / En el cómputo realizado por la instructora no se incluye el dinero referido a Acción Exterior, apartado y que puede incrementar notoriamente lo reclamado. Los letrados de Sociedad Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución, que ejercen la acusación junto a la fiscalía, recordaron que en el 2018 se hizo un informe de fiscalización sobre la actividad del Diplocat (el consorcio dedicado a la diplomacia pública) entre el 2011 y el 2017 que calculó en 400 millones -24 de ellos para delegaciones en el extranjero- la cifra destinada al consejo de diplomacia. La cantidad que se considere desviada de ahí se incluirá en el procedimiento fiscalizador en otra liquidación provisional que se conocerá en próximas semanas.

EMBARGO / La instructora ha dado 15 días a los presuntos responsables para abonar la cifra fijada cara a cubrir una futura condena. Si no lo hacen se procederá al embargo de sus bienes, como se hizo por el 9-N, con la condena a Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros. Nada más conocerse la cifra provisional, Puigdemont pidió ayuda a través de Twitter a quienes votaron el 1-O e inmediatamente se abrió una caja de solidaridad para cubrir lo exigido.

A él y al resto de su Govern se les reclaman los 357.000 euros que costó la campaña Civisme; 1.259.831 que se pagaron a Unipost por material electoral; 65.730 de cartelería; 88.643 por haber invitado a parlamentarios europeos; 189.200 por los expertos que acudieron a Cataluña y 177.464 de los observadores internacionales.

A Junqueras se le atribuyen 3,5 millones al añadírsele la rehabilitación del edificio del call center.