El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha el procedimiento para embargar cautelarmente la casa del expresidente de la Generalitat Artur Mas, a fin de cumplir la fianza de 2,3 millones de euros que debía abonar por la organización de la consulta soberanista del 9-N. Fue el propio Mas quien puso su domicilio como fianza, por lo que podrá seguir viviendo en el inmueble de la calle de Tuset de Barcelona.

Junto con Mas, también pusieron sus viviendas como fianza los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, hasta completar la sanción de 5,3 millones de euros por los costes del 9-N.