El tribunal del 'procés' ha multado con 2.500 euros a los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant por negarse a contestar a Vox, que ejerce la acusación popular. Pese a que el presidente, Manuel Marchena, había anunciado que deducía testimonio contra ellos, finalmente ha decidido darles cinco días para que rectifiquen y declaren. En el caso de que mantengan su negativa a responderles se abrirá una investigación contra ellos por desobediencia grave, penado con prisión de seis meses a un año o multa.

El primero que ha rechadado responder a Vox fue Baños. Marchena le advertió de que su actitud podía tener consecuencias penales contra él, porque los testigos están obligados a contestar a todas las partes y lo único que se le requiere es que ponga en conocimiento del tribunal la información de la que dispone sobre los hechos que presenció. El exdiputado de la CUP reiteró que no respondería al partido ultraderechista por "voluntad democrática y antisfacista". Pese a lo inusual de la situación, Marchena intentó buscar una solución al conflicto y propuso que las preguntas de Vox se hicieran a través de él. Un hecho inédito en una sala de juicios. Tras contestar a la primera pregunta, el expolítico y periodista ha vuelto a decir que no contestaria a la formación ultra.

Los jueces suspendieron durante unos minutos la vista. Pero como Baños no ha entrado en razón, Marchena afirmó que no se podía crear "el precedente de que un testigo se niege a contestar a una de las partes", por lo que se deduciría testimonio contra él. Lo mismo ha pasado unos minutos después con la también exdiputada Reguan. "No contestaré a la extrema derecha", ha dicho. Los exdiputados, llamados por las defensas, no han podido declarar sus preguntas, por lo que estas han sido las principales perjudicadas con su actitud.