Carles Puigdemont perdió ayer la primera batalla judicial ante la instancia en la que tiene puestas todas las esperanzas, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El expresidente de la Generalitat no tomará hoy posesión como eurodiputado en la sesión constitutiva de la Cámara en Estrasburgo, después de que el TJUE desestimara su demanda de medidas provisionales. No es una sentencia definitiva, y Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, se mostraban ayer confiados en que se les dará la razón cuando se aborde el fondo del asunto; pero supone un primer revés para ellos y para los 6.000 independentistas que hoy estarán en la ciudad francesa apoyando al expresident, en un acto al que no acudirá el presidente Quim Torra.

El soberanismo más aficionado a los giros inesperados había celebrado por la mañana la admisión a trámite de la demanda de medidas cautelares. En suma, Puigdemont y Toni Comín, elegidos eurodiputados de JxCat el 26 de mayo, pedían que el tribunal dejara en suspenso la decisión de las autoridades españolas de no incluirlos en la lista de eurodiputados por no ir a Madrid a acatar la Constitución. «La justicia europea, en contraste con la española, ha tardado cuatro horas en admitir a trámite el procedimiento de medidas cautelares que presentamos en contra de las decisiones de Tajani», celebraba Boye. «Dijimos que este partido se jugaría en Europa, en terreno neutral y con árbitro independiente», abundaba Puigdemont. Ambos restaron después importancia a la desestimación de la demanda.

El TJUE, con sede en Luxemburgo, sostiene que, contra lo que defendía Puigdemont, la lista oficial de eurodiputados es la que las autoridades españolas remitieron a la Eurocámara el 17 de junio, después del acto de promesa de la Constitución, y no la proclamación de los resultados de las elecciones. Con respecto a si es necesario acatar en persona la Carta Magna -Boye intentó hacerlo en nombre de Puigdemont y se le negó-, el tribunal dice que es la justicia española quien debe decidir.

Pase lo que pase, está claro que el TJUE pasa a engrosar a partir de ahora la lista de protagonistas del procés. Ayer también requirió de sus servicios el Supremo, que decidió consultarle para poder resolver si debió dejar a Oriol Junqueras ser eurodiputado.

El líder de ERC interpuso un recurso de súplica contra la negativa del tribunal del procés de dejarle salir de prisión para poder acatar la Constitución para el acta de parlamentario europeo.

La consulta, según fuentes del alto tribunal, no supone la suspensión del procedimiento seguido contra Junqueras y los otros 11 líderes independentistas. Por eso, la respuesta del TJUE no obstaculizará las deliberaciones en las que ya trabajan los siete magistrados. De hecho es previsible que la resolución española, prevista para septiembre u octubre, llegue antes de que lo haga la del tribunal de la UE.

RELATO DE LA ACUSACIÓN / En su auto, los magistrados reproducen las graves acusaciones que hay contra Junqueras y, aunque precisan que ello no implica «una proclamación» por su parte «de su efectiva prueba», da a entender su criterio por la extensión y detalle con el que lo reproduce. Tras plantear así lo ocurrido en Cataluña formula tres preguntas al TJUE, para tratar de concretar el ámbito de la inmunidad de los europarlamentarios.

En la primera cuestiona si empieza a contar desde que una persona es electa o solo «mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones» cuando se trata de alguien acusado de graves delitos en situación de prisión. En la segunda se pide que se precise si la expresión «periodo de sesiones» es extensiva.

La tercera es si debería levantar la prisión provisional de Junqueras para ir a Bruselas.