El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó ayer abrir juicio al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. En este procedimiento, la Fiscalía de Canarias pide diez años de cárcel para el magistrado Alba, al que acusa de haber manipulado una causa penal que instruía en sustitución de la juez Victoria Rosell con el propósito de perjudicar a su colega, que en aquel momento era diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados.

La apertura de juicio habilita a su vez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dictar algún tipo de medida cautelar sobre Alba, que sigue en ejercicio y en estos momentos tiene pendiente de dictar la sentencia de uno de los procedimientos de corrupción más importantes de los últimos años en Canarias, el del llamado caso Faycán, una trama de empresarios, funcionarios y concejales que desvió dinero del Ayuntamiento de Telde, presuntamente, a favor de ellos mismos y del PP.

NO CABE RECURSO // El auto precisa que contra la apertura de juicio no cabe ya recurso alguno, lo que implica que Salvador Alba se sentará en el banquillo en la Sala de lo Penal del TSJC para enfrentarse a cuatro acusaciones: el Ministerio Fiscal, la juez Rosell, el periodista Carlos Sosa (pareja de la exdiputada) y Podemos.

La magistrada del TSJC Margarita Varona ya fijó hace unas semanas los hechos que las acusaciones podrán reprochar a Alba durante el juicio en el auto que puso fin a la instrucción. Varona rechaza la pretensión de Podemos de añadir a la lista de cargos contra Alba el de delito electoral. La instructora de la causa da 24 horas a Alba para que aporte una fianza de 85.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles, con la advertencia expresa de que le embargará sus bienes si no aporta esa garantía.

Alba está acusado de haber orientado la declaración del procesado en una causa penal que instruía en sustitución de Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez, con la supuesta finalidad de perjudicar a su colega, de forma que se hiciera ver que esta había retrasado su tramitación movida por intereses personales (las relaciones profesionales de su pareja, Carlos Sosa, con Ramírez).

MINISTRO SORIA // Todo ello ocurrió en un momento (marzo de 2016) en el que el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra Rosell por esa supuesta mala conducta profesional como juez, que se admitió a trámite, entre otras cosas, con base en los informes que había remitido su sustituto en el Juzgado, Salvador Alba. El empresario Ramírez entregó a la justicia una grabación de una conversación que había mantenido con el juez Alba en el que, supuestamente, le daba instrucciones de lo que tenía que manifestar para perjudicar a Rosell.