El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y a la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau por desobediencia grave y prevaricación por la organización de la consulta alternativa del 9-N. El TSJC no ha atendido, en cambio, la petición de las acusaciones populares, que solicitaban que se les juzgase también por malversación, un delito que conlleva penas de cárcel.

La fiscalía considera que los tres excargos públicos impulsaron y organizaron el proceso participativo y por ello ha solicitado 10 años de inhabilitación para Mas y 9 años para Ortega y Rigau por la comisión de los delitos de desobediencia grave y prevaricación.

Por su parte, las acusaciones populares solicitaron además seis años de cárcel por el delito de malversación de fondos públicos.

Según dicta el auto, "contra esta resolución acordando la apertura de juicio oral no cabe interponer recurso alguno. Y contra la parte de la resolución que deniega la apertura de juicio oral en relación con el delito de malversación de caudales públicos cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días".

El Supremo envía en suplicatorio contra Francesc Homs

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha firmado este jueves el suplicatorio contra el ‘exconseller’ Francesc Homs por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en relación con la organización del proceso participativo del 9-N. El escrito ha sido remitido posteriormente a la Cámara baja para que dé vía libre al proceso judicial contra el dirigente nacionalista. Como en el caso de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, el tribubal ha excluido el delito de malversación, que el fiscal también imputaba a Homs, por lo que tampoco cabe pena de cárcel.