El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos decidió ayer enviar a juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia o alternativamente de denegación de auxilio por no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos de la Administración autonómica.
En un auto que no se puede recurrir, el juez decreta la apertura del juicio oral para Torra, para quien la fiscalía pide una condena de un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos. El TSJC deberá señalar la fecha para el juicio. Antes, la defensa presentará su escrito exculpatorio.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, reclama para el president no solo la inhabilitación, sino también una multa de 30.000 euros. El ministerio público atribuye a Torra haber desatenddido «abiertamente» las órdenes de la JEC. La inhabilitación sería para ejercer cargos públicos electivos, incluso europeos, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. Esta medida, precisa la acusación, conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos y de «los honores anejos». El auto recuerda que su finalidad es «valorar la consistencia de la acusación a fin de impedir imputaciones infundadas». Precisa que a la vista de los escritos de acusación y «una vez comprobada la identidad esencial de los relatos fácticos» que incluyen y «la razonabilidad y consistencia de sus respectivos planteamientos», procede a decretar la apertura de juicio oral.
La resolución recoge un extracto de los escritos de acusación que llevarán a Torra al banquillo. Así, expone que en la campaña de las elecciones generales, la Generalitat, «venía exhibiendo públicamente y de forma permanente» en la fachada del Palacio de la plaza de Sant Jaume y en Consejerías símbolos y emblemas, como esteladas o lazos amarillos, o carteles reclamando la libertad de los dirigentes independentistas presos. Estos símbolos, agrega, son «considerados propios de un partido político y ajenos a otros que se oponen a ellos», por lo que no pueden ser exhibidos por las Administraciones durante los periodos electorales. Por esta razón, Ciudadanos solicitó a la Junta Electoral que exigiera su retirada.
El 11 de marzo pasado, la JEC conminó al presidente de la Generalitat a retirar los lazos y otros símbolos. «En lugar de cumplir lo ordenado», relata el auto, Torra pidió al órgano electoral la «reconsideración» del acuerdo. El 18 de marzo, el organismo ratificó su decisión y advirtió a Torra de las responsabilidades en que pudiera incurrir si persistía en su «desobediencia».
El mandatario, sin embargo, presentó ante la JEC un nuevo escrito intentando la suspensión del acuerdo, arguyendo que estaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges, «si bien presuntamente» ya disponía de ella y sabía que se le recomendaba atender la retirada de los lazos. No se quitaron hasta el 21 de marzo.
