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Una vía judicial impredecible

La euroorden contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros judicializa el conflicto catalán en Europa H El Gobierno belga admite que existen posibilidades de rechazar el mandato de España

 

En Bruselas 8 El presidente cesado Puigdemont, el martes pasado, en su comparecencia ante la prensa. - REUTERS / YVES HERMAN

SILVIA MARTINEZ
05/11/2017

La extradición de Carles Puigdemont a España ni tiene el camino expedito ni será automática. Al contrario, la ejecución de la orden europea de detención y entrega, enviada este viernes a Bélgica por la jueza de instrucción Carmen Lamela contra el presidente depuesto y cuatro de sus consejeros, tendrá que superar todavía muchos obstáculos si los protagonistas del envite presentan batalla para evitar este desenlace, tal como parece ser su intención. El procedimiento, que podría prolongarse hasta 100 días, abre la puerta a la judicialización del caso en Bélgica y también en Europa.

La Fiscalía federal examina desde el viernes las cinco órdenes de detención, que incluyen acusaciones de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación. La maquinaria judicial se pondrá en marcha en cuanto sea designado el juez de instrucción –lo más probable hoy o mañana– y convoque a Puigdemont y al resto de políticos catalanes. «Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga respecto a la orden europea», decía ayer Puigdemont en Twitter.

Una vez ante el juez, les tomará declaración y les informará de sus derechos. Si aceptan la extradición, se ejecutará en 10 días. Si la rechazan, el magistrado tendrá 24 horas para decidir. Si opta por ejecutarla, podrá dejarles en libertad, en libertad con condiciones o dictar prisión preventiva, algo improbable. «No es algo que ocurra normalmente. Solo si hay razones de seguridad pública», opina Jan Wouters, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Lovaina.

Si decide ejecutar la euroorden, el juez remitirá el caso a la Cámara del Consejo, una especie de tribunal de primera instancia que tendrá 15 días para pronunciarse. A esa decisión cabe recurso en las 24 horas posteriores ante la Sala de Acusación que tendrá otros 15 días de plazo. De nuevo habrá posibilidad de recurso en casación y otros 15 días para la decisión. En total, podría prolongarse dos meses, aunque en circunstancias excepcionales puede llegar a los 90 días, más 10 para ejecutar la euroorden si los jueces deciden en este sentido. De cumplirse estos plazos, Puigdemont podría seguir en Bélgica durante las elecciones del 21-D.

Aunque es un procedimiento basado en la confianza mutua entre Estados miembros, sí existen posibilidades de denegar una euroorden «en determinadas situaciones», admite el ministro de justicia, Koen Geens. Según la legislación belga del 2003, si existe riesgo de vulneración de derechos fundamentales el juez puede rechazar la extradición. Es lo que denunció el lunes Puigdemont y el elemento central en la estrategia de su abogado, Paul Bekaert, que alegará persecución política y la petición de penas desproporcionadas.

¿Tiene posibilidades de éxito? «Dependerá de la calidad de los argumentos, de lo concreto que sea y de las evidencias que aporte de que Puigdemont no tendrá un juicio justo en España», opina Wouters. Otro elemento será, según Anne Weyembergh, del Instituto de Estudios Europeos de la ULB, el hecho de que algunas de las acusaciones no figuran en el código penal belga, como la rebelión y la sedición. «Existen pero no están definidas como en el código penal español, lo que significa que el juez tendrá que verificar si corresponden», puntualiza.

Tribunal de la UE

Los jueces belgas no son los únicos que podrían terminar implicados. La justicia belga también podría acudir al Tribunal de la UE. «Si tienen dudas sobre cómo hay que interpretar la decisión marco del 2002 relativa a la orden europea de detención y entrega, podrían preguntar al Tribunal de Justicia de la UE. Es muy posible», explica Weyembergh. La corte ya reconoció en abril del 2016 –en el caso Aranyosi y Candaruru– que un Estado miembro puede rechazar una orden de detención si detecta un riesgo real para los derechos fundamentales, en el caso de que el país que emite la euroorden no ofrezca las debidas garantías.

Los expertos no descartan la posibilidad de acudir a la corte de Derechos Humanos de Estrasburgo si no logra escapar al mandato.