Pedro Sánchez y Quim Torra hablaron este viernes. Una conversación entre el presidente del Gobierno y el máximo responsable de un territorio no debería ser noticia de gran impacto, pero la llamada se produce con Sánchez recién llegado a la Moncloa y su Ejecutivo volcado en buscar la "normalización institucional" en Cataluña. El recién estrenado Consejo de Ministros asegura estar dispuesto a abordar iniciativas en este sentido, después de que el diálogo entre el Estado y la Generalitat se cortase abruptamente, a raíz del referéndum del pasado 1 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía y convocar elecciones. La toma de contacto se produjo a instancias de Sánchez, según fuentes de la Moncloa, y ambas partes se emplazaron a tener una reunión bilateral "muy pronto". En las próximas semanas. En principio, antes del verano.

Cuando Sánchez exhibía su entendimiento con Mariano Rajoy sobre la crisis territorial, el ahora presidente solía añadir otra idea. Ni el PP ni Ciudadanos, explicaba, tenían ninguna "propuesta política" que ofrecer a Cataluña. Solo el 155 y "los tribunales". El líder socialista quiere romper con esta dinámica, y en su entorno creen que hay una buena oportunidad para ello, después de que Torra haya formado un Govern sin 'consellers' presos ni huidos de la justicia. Sánchez, con su mera llegada al Ejecutivo, intenta transmitir que ya se respira un "nuevo ambiente".

La expresión es de la portavoz gubernamental y ministra de Educación, Isabel Celaá. "Es importantísimo trasladar un nuevo ambiente en España. Todavía hay iras arrinconadas en algunas de las partes, pero queremos establecer una nueva pantalla de diálogo", dijo Celaá tras su primer Consejo de Ministros. La frase iba dirigida sobre todo al PP, que acusa a Sánchez de haber alcanzado el poder sin "legitimidad democrática", pero también al independentismo.

El nuevo discurso

Desde que presentó su moción de censura a Rajoy por la durísima sentencia del 'caso Gürtel', el jefe de los socialistas usa un tono muy distinto para dirigirse al independentismo. Ya no llama "racista" a Torra por sus artículos en contra de los castellanoparlantes en Cataluña. Ahora habla de la necesidad de "recuperar el diálogo" y "reconstruir puentes".

Con esta actitud se sentará Sánchez con Torra. El Govern quiere que el presidente levante cuanto antes el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) aprobado en el 2015 (mucho antes del 155) y todavía en vigor, por el que Hacienda controla 'a posteriori' los pagos ejecutados por la Administración catalana con recursos estatales. Los socialistas abren la puerta a esta medida, pero no quieren aplicarla de momento. "Si la normalización prospera, dejaremos atrás los hechos excepcionales", apuntó el pasado lunes José Luis Ábalos, ministro de Fomento y mano derecha de Sánchez. Este viernes, Celaá se limitó a anunciar que con el fin de la intervención autonómica decaía también el control financiero de las cuentas de la Generalitat.

Pero el jefe del Ejecutivo está dispuesto a analizar otras iniciativas en su próximo encuentro con Torra. Por ejemplo, la disminución de los recursos ante el Tribunal Constitucional que el anterior Gobierno presentó contra leyes del Parlament, muchas de ellas sociales y apoyadas por el PSC. Ahora están suspendidas cautelarmente. Sánchez también quiere estudiar a fondo las reivindicaciones que Puigdemont trasladó en abril del 2016 a Rajoy, que incluyen demandas como más dinero para la dependencia y la sanidad catalanas, respeto a su modelo educativo y descentralizar la gestión del 0,7% del IRPF. Aquí la ministra de Políticas Territoriales, Meritxell Batet, tendrá un importantísimo papel.

En todos los territorios

En un momento en el que el PP y Ciudadanos hablan de "pactos oscuros" de Sánchez con ERC y el PDECat, que apoyaron su moción de censura, el Gobierno no quiere despertar el recelo de otras autonomías. Evita trasladar la impresión de que está volcado en Cataluña en detrimento de otros territorios. Cada gesto de "normalización" se llevará a cabo con pasos en paralelo en el resto de comunidades. En este sentido, fuentes gubernamentales subrayaron que la llamada a Torra no suponía ningún trato de favor, porque Sánchez también mantuvo contactos con los otros presidentes autonómicos. Quiere verse con todos.

"El principal problema en este momento es la integridad territorial. Con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra es preciso abordar las cuestiones pendientes", explicó Celaá. Los dos asuntos que el Gobierno no está dispuesto a abordar, subrayó la portavoz, son el derecho a decidir y la situación de los dirigentes independentistas presos.