Los problemas judiciales siguen atenazando al PP. El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana reveló en una conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzaléz --intervenida por la Guardia Civil en el marco del caso Lezo-- que la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá era un «bluf absoluto», que tenía «cinco personas a su alrededor para que le hiciesen las cosas».

En las conversaciones, Zaplana habría añadido sobre Barberá: «Ella iba, se reía, se tomaba un whisky con alguno, que eso lo hacía como Dios», resalta. Además de a Barberá, fallecida hace un año, Zaplana critica a Mariano Rajoy y a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. De Rajoy asegura que Aznar le tiene un «odio africano» y apunta que la legislatura «no puede durar».

Estas revelaciones no fueron la única mala noticia ayer para los populares. El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro; su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del banquillo de los acusados por la destrucción de discos duros de ordenadores que guardaba en la sede del partido, en la madrileña calle de Génova, su extesorero Luis Bárcenas.

El PP estrenó la condición de imputado de los partidos en este procedimiento y se convertirá en el primero en ser juzgado penalmente, pese a que lo intentó todo para evitarlo, como recusar en dos ocasiones a la jueza instructora, Rosa Freire.

La Audiencia de Madrid ha rechazado los recursos presentados tanto por ellos como por la fiscalía, contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa (equivalente al de procesamiento en los sumarios), en el que se proponía sentar en el banquillo al partido y sus responsables por los delitos de daños informáticos y encubrimiento. Ya no quedan más recursos de cara a la vista oral.

El auto rechaza los argumentos del fiscal y de las defensas, que propugnaban la nulidad de la causa, basándose en una supuesta falta de elementos precisos para seguir adelante, y la necesidad de realizar nuevas diligencias de investigación.

El tribunal considera que hay indicios suficientes para entender que se pudo haber cometido un delito de daños informáticos, previsto en el artículo 264.1 del Código Penal, y otro de un delito de encubrimiento, del artículo 451.2. Considera que «lo cierto es que Moreno borró voluntariamente los datos contenidos en los equipos, según ha reconocido, y que lo hizo por orden de Durán, según este también refiere». Navarro «indiciariamente ordenó o permitió esta acción», añade.

EVITAR DAR DATOS // Con ese borrado «se impidió la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia», como era dar respuesta al requerimiento de información realizado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigaba los papeles de Bárcenas, donde concluyó que el PP se había financiado a través de una caja B durante al menos 18 años.

Será así en el juicio donde se determinará si «la intención fue en realidad ocultar ciertos datos existentes en los equipos, que pudieran contener datos vinculados con una investigación» de la que pudieran deducirse elementos que resultaran perjudiciales a los intereses del PP.