La Directiva Europea 2010/64/UE garantiza el derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, el cual ya ha sido sancionado en la ley orgánica 5/2015 que transpone dicha directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Por virtud de dichas leyes, los ciudadanos que estén inmersos en un proceso penal en España y no hablen o comprendan el español tienen derecho a tener un intérprete debidamente cualificado durante todo el proceso, y la traducción de los documentos fundamentales hasta la resolución del mismo.

En este sentido, la Administración de Justicia debe garantizar dicho derecho a los ciudadanos, y velar porque los intérpretes y traductores que prestan sus servicios en los juzgados y policía estén debidamente formados y cualificados. Así, dada la gran variedad de lenguas que se necesita cubrir en este ámbito, es preciso ofrecer una formación básica para capacitar profesionalmente a las personas que poseen las competencias previas adquiridas a través de grados universitarios en traducción e interpretación, y eso es precisamente lo que ofrece el curso de traducción e interpretación judicial emitido por la Universitat Jaume I de Castellón.

Estos estudios llenan un vacío actual como es la formación específica de estos profesionales que prestan sus servicios en la administración de justicia y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que cumpla con los requisitos legales para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todo ciudadano. Para una mayor información consultar la web www.fue.uji.es/interpretacion-judicial