La junta de gobierno del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Castellón ha acordado por unanimidad, en sesión celebrada por vía telemática el pasado 6 de mayo, mostrar su total oposición al conjunto de medidas recogidas en el Real Decreto Ley 16/20 «por ineficaces, inoportunas y contrarias a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución».

La entidad colegial quiere dejar patente su absoluta colaboración con la Administración de Justicia, desde siempre, y su servicio a la sociedad. «No hemos escatimado en medios, ni el Colegio ni sus colegiados, para adaptarnos a los constantes cambios tecnológicos y de cualquier índole que se han venido produciendo desde la aprobación de la Ley Ómnibus y su aplicación». Y consideran que en el RDL «no se han tenido en cuenta por igual las propuestas a las medidas de los diferentes operadores jurídicos, prevaleciendo las opiniones de una parte de los mismos, frente a las manifestadas por abogados, graduados sociales y procuradores, que han sido desoídas en su práctica totalidad».

Asimismo, consideran que el colapso en la Justicia no es consecuencia de la pandemia actual, sino que viene de antiguo «a causa del olvido de la misma, legislatura tras legislatura, con independencia del color político del Gobierno de turno, a lo que se suma la falta de inversiones, tanto a nivel personal como material». Ejemplo de ello es «la imposibilidad de teletrabajar por la mayor parte de los funcionarios al no haberles proporcionado los medios necesarios... y qué decir del inexistente expediente digital».

En cuanto a la medida de habilitar casi en su totalidad el mes de agosto, «entendemos que no hace sino poner de manifiesto un patente desconocimiento de la realidad de nuestros tribunales y, por ende, de su funcionamiento, al tiempo que plantea dudas sobre su legalidad. La inhabilidad de agosto no supone que los juzgados no trabajen, ya que siguen funcionando. Claro ejemplo de ello es el volumen de notificaciones que todos los años recibimos los procuradores los primeros días de septiembre, generadas en el mes anterior, a las que se unen las notificadas durante el mismo mes en procedimientos que --por su carácter urgente-- están legalmente habilitados».

En su opinión, una manera más sensata de paliar el retraso «hubiera sido concentrar las vacaciones judiciales solo durante el mes de agosto y para todos los operadores jurídicos en este año 2020 y de manera excepcional. No es de recibo que los sacrificios deban de ser asumidos solo por una parte de los mismos».

Los procuradores de Castellón han acordado por unanimidad poner de manifiesto que, frente a la visión alejada de la realidad que de la Administración de Justicia tiene el RDL 16/2020, «se debe de imponer un diálogo verdadero entre todos aquellos que, día a día, participamos en el desarrollo de la misma».