El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a 14 televisiones, entre los que se encuentran las principales cadenas de televisión, en la causa abierta en relación con 'La Rueda', en la que se investiga un supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal.
En su auto, el magistrado da un plazo de cinco días a las principales cadenas de televisión nacionales y autonómicas, para que se personen en la causa designando abogado y procurador. El procedimiento se inició a instancias de una denuncia de la Fiscalía en 2016 tras recibir denuncias formuladas por asociaciones y socios individuales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que denunciaban que un grupo de socios de esta sociedad realizaba desde hacía 10 años actuaciones irregulares respecto al registro y/o modificaciones de obras musicales.
El magistrado detalla el funcionamiento de 'La Rueda' y que consiste en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales, como si se tratase de otras nuevas, sin variación alguna de la auténtica y original, en la mayor parte de los casos. En otros casos se realizaban ligeras modificaciones respecto a la original. Esos registros, explica Moreno, se realizaban bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Esa operativa, añade el juez, la iniciaban los investigados mediante el contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras.
Con posterioridad se registraba la obra emitida en televisión como arreglo suyo ya sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor devengados cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación.
100 MILLONES
El magistrado cifra el fraude total en 100 millones de euros teniendo en cuenta que el periodo investigado se refiere a los años 2006-2011. Las cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondarían los 20 millones al año.
El juez entiende que los denunciados podrían estar actuando en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que abonarían a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras. Para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiados cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos o creando sociedades o productoras.
Según el juez, la actividad delictiva no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos, que estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados.
Las televisiones de editoriales musicales pretendían rebajar el dinero que pagaban anualmente a la SGAE registrando canciones que ellos mismos emitían, lo que hacía que debieran cobrar también una serie de derechos de autor. Suelen quedarse con la mitad de esos derechos, mientras que la otra parte era para compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias que se repartían porcentajes.
La responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones trascendente a las propias televisiones, "porque no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador.
