El revés sufrido por Boris Johnson, no ha alterado los planes de Bruselas. A menos que el Parlamento británico ratifique el acuerdo de divorcio antes del 31 de octubre o pida una tercera extensión -que debería ser aprobada por unanimidad- habrá brexit salvaje, lo que significa «perturbaciones significativas» a partir del 1 de noviembre. Para mitigar el impacto, la Comisión Europea ha propuesto a los gobiernos de la UE movilizar hasta 780 millones de euros del Fondo de solidaridad y del Fondo europeo de adaptación a la globalización.

El primero es la hucha a la que habitualmente acuden los estados miembros para financiar los gastos en caso de desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos. El segundo sirve para apoyar a trabajadores y autónomos cuando son despedidos como consecuencia de deslocalización de empresas y otros cambios provocados por la globalización. Bruselas propone ahora ampliar el ámbito de aplicación para cubrir el impacto de una salida no acordada del Reino Unido, ayudar a rescatar empresas y trabajadores, y financiar el funcionamiento de las aduanas. La idea es movilizar 600 millones del primero y 180 del segundo.

El Ejecutivo comunitario admite que es imposible compensar todos los costes que generará un brexit caótico y que las medidas de contingencia adoptadas solo podrán atenuar las perturbaciones más graves. De ahí, su disposición a redirigir fondos regionales y estructurales, así como los instrumentos agrícola y pesquero para apoyar a los sectores afectados por un divorcio duro.

Además de estas decisiones, el colegio de comisarios adoptó ayer algunos ajustes técnicos adicionales en relación al transporte. En concreto, Bruselas ha propuesto extender otros seis meses la prórroga concedida a las aerolíneas para cumplir con los requisitos de control previstos y adaptar su accionariado para poder seguir operando en la UE. Según las nuevas reglas, solo las empresas con más de la mitad de sus acciones en manos europeas podrán seguir operando vuelos intracomunitarios.

Esto significa que en caso de divorcio a las bravas, Iberia, controlada por la británica IAG, tendrá hasta el 24 de octubre del 2020 para convencer a Bruselas. Se trata de un periodo de gracia destinado a impedir perturbaciones graves en el transporte aéreo.